Primordial cultura de la denuncia para terminar con vulneración de garantías individuales

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre (Morena), sostuvo que para terminar con la vulneración de las garantías individuales de la ciudadanía, es primordial la cultura de la denuncia.

Durante el foro “Seguimiento y Atención a las Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos”, aseguró que México cuenta con lineamientos legales para lograr su plena salvaguarda.

Enfatizó que la Comisión que preside buscará generar pautas para que las autoridades correspondientes defiendan las garantías de la ciudadanía; sin embargo, invitó a la sociedad a denunciar y con ello evitar que los servidores públicos hagan actos de dilación.

En el evento con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, se comprometió a establecer un vínculo de responsabilidad con los tres niveles de gobierno, para que realmente se dé cumplimiento a las recomendaciones emitidas en esta materia.

La secretaria de la Comisión, diputada Kehila Abigail Ku Escalante (MC), mencionó que a pesar de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos estipula que todos los individuos nacen libres, México incluyó esta garantía en la Constitución hasta el 2011, es decir, 66 años después de haberse proclamado este documento internacional.

Expresó que hoy, en el país, el derecho a la vida es el más violentado, pues existen más de 250 mil personas asesinadas y el 95 por ciento de estos homicidios prevalece en impunidad. Además, el Registro Nacional de las Personas Desaparecidas suma más de 37 mil, cuyo paradero actualmente se desconoce.

Refirió que la Universidad de Uppsala, con sede en Suecia, ubicó a México como la novena nación con el mayor conflicto bélico. Mientras que en 2016, fue declarado como el segundo país más letal, sólo detrás de Siria, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.

Por otra parte, la legisladora argumentó que la Organización Reporteros Sin Fronteras ha denunciado 21 desapariciones de periodistas desde 2003, considerando a esta profesión de alto riesgo en el país.

En cuanto a violaciones a estas garantías, refirió que de enero a octubre de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró más de 21 expedientes y atendió más de 60 mil personas agraviadas; además, presentó 64 recomendaciones, de las cuales 29 son violaciones graves; por lo tanto, las vulneraciones van en aumento, pues en el 2017 se analizaron 97, de las cuales cinco eran por transgresiones relevantes.

El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (PAN) expuso que la Constitución ni la ley conceden ningún derecho, porque sólo reconocen las garantías con las que ya se nació, las cuales están contempladas del artículo 1 al 29 de la Carta Magna.

“Muchos de ustedes viven con ellos sin darse cuenta, porque desde hace muchos años México firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero aun así siguen persistiendo abusos por parte del Estado hacia las personas”, apuntó el legislador.

Destacó que para evitar cualquier vulnerabilidad a las garantías fundamentales es necesario conocerlas, pues la mayoría de las veces se abusa de ellas por desconocimiento. “Tal es el caso del derecho de todo individuo a la identidad; sin embargo, existen 189 millones de menores en el mundo que no tienen nombre”.

Enfatizó que para exigir al Estado nuestros derechos, estos se deben conocer; la ignorancia genera que en la cárcel se encuentre gente que no puede pagar un abogado o que no tiene las palancas para salir y, por el contrario quien posee recursos que ha robado y desfalcado a este país esté libre.

Tania Reneaum Panszi, directora en México de Amnistía Internacional, informó que la nación mexicana ha recibido más dos mil recomendaciones en materia de derechos humanos; tres, tienen que ver con la agenda de la Cámara de Diputados; la primera, solicitar al Ejecutivo un informe del caso de Ayotzinapa.

El informe es para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien pidió extender las investigaciones a policías locales y federales, y al Ejército. Además, solicitó el cambio de narrativa de las instituciones gubernamentales y la reconducción de la investigación, desde el tipo penal.

Añadió que la segunda tarea de los diputados es la discusión de la constitucionalidad de la creación de la Guardia Nacional, en la que se tome en cuenta la opinión de diversos grupos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que enviaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una carta para manifestar su preocupación en la ampliación del rol de las fuerzas armadas en materia de seguridad ciudadana.

En este pronunciamiento, agregó, mencionaron su inquietud por el sometimiento de la autoridad civil al mando militar, lo cual incluso puede aumentar el nivel de violencia en el país, “por lo que le tocará a los diputados discutir el tema desde una valoración crítica, pues en el contenido de la ley no existe una perspectiva para fortalecer a los cuerpos policiales”.

Agregó que el tercer reto es el asunto de la prisión preventiva oficiosa, “donde esperamos que los diputados den un nivel de discusión que nos deje satisfechos y con la sensación de que se respeta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales”.

El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, señaló que México ha firmado 49 tratados, acuerdos y protocolos internacionales relacionados con diversos aspectos de derechos humanos. Sin embargo, en las últimas décadas el Estado mexicano ha fallado en su compromiso por salvaguardar estas garantías de los mexicanos.

“México vive grandes retos en materia de derechos humanos, en estos 70 años de aniversario de la declaración en la materia, es muy importante la participación de la sociedad civil para generar grandes cambios y retos están directamente ligados con los ciudadanos y sus necesidades”, agregó.

Manifestó que la sociedad mexicana, desde hace tiempo, enfrenta grandes problemas en materia de derechos humanos. Ejemplos emblemáticos son: la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapan; los casos Tlatlaya y el de Apatzingán, y los asesinatos de más de 150 periodistas desde el año 2000. “Cabe decir que el sexenio más cruel en este tema, fue el de Enrique Peña Nieto, con un total de 50 informadores asesinados”.

Es importante señalar que debemos combatir la impunidad y la corrupción como piedra angular, planteó.

Alondra Mendoza Carlos, directora general adjunta de Política Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), enfatizó que no basta con firmar tratados internacionales en materia de derechos humanos, que, sin duda, son relevantes. Lo primordial es traducirlos en acciones y políticas concretas, es decir, generar un marco jurídico aplicable, tanto a nivel federal como local”.

Subrayó que el país ha avanzado en la construcción del andamiaje jurídico. Sin embargo, apuntó, se debe evitar que se quede en el discurso; para ello, el Estado mexicano se comprometió, a tener una mayor cooperación interinstitucional e incrementar recursos financieros a este fin.

Carlos López López, asesor de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México, destacó que la Constitución de la CDMX establece el respeto de las garantías individuales de sus habitantes y de quienes transitan por ella, como fue el caso de la caravana migrante.

        Subrayó que otros de los avances es el aumento salarial para los trabajadores de la urbe; que no habrá persecución política en la capital, y la desaparición del cuerpo de granaderos, que a la fecha tenía 355 quejas abiertas, de las cuales 113 siguen en trámite.