Ciudad de México, 19 de agosto.- Con el objetivo de fortalecer a Petróleos Mexicanos (PEMEX), el senador Cruz Pérez Cuellar, del Grupo Parlamentario de MORENA, presentará una iniciativa para prohibir que dicha empresa otorgue cualquier tipo de descuento a las compañías comercializadoras de gas licuado de petróleo (gas LP).
La iniciativa busca fortalecer a la principal empresa productiva del Estado mexicano, y detener la forma discrecional en la que se otorgan descuentos y contratos para beneficio de unos cuantos.
Se explica que, posterior a su producción, el gas LP se transporta a través de una red de ductos a terminales donde se realizan las ventas de primera mano a las empresas privadas de distribución, quienes lo hacen llegar al consumidor final.
El artículo 78 del Reglamento de las Actividades de la Ley de Hidrocarburos establece que los permisionarios pueden pactar descuentos con la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Dichos descuentos, precisa, deberán sujetarse a los principios de generalidad y no indebida discriminación. Para efectos de transparencia, los permisionarios deben registrar ante la CRE los contratos donde se hayan pactado estos acuerdos.
Sin embargo, señala el texto, durante la administración federal anterior, y en total incumplimiento a la normatividad antes señalada, Pemex Transformación Industrial otorgó precios preferenciales a ciertos permisionarios a los que vende gas LP, lo que se tradujo en una ventaja económica para un grupo de estos agentes económicos.
Dichos descuentos, detalla, fueron en detrimento de la empresa estatal y de los consumidores finales, ya que Pemex obtuvo menos ganancias por la venta de gas LP, y los consumidores finales nunca vieron reflejados dichos descuentos al adquirir el producto.
Aunado a lo anterior, indica el texto referido, se otorgó a un selecto y pequeño grupo de clientes de Pemex Transformación Industrial, contratos onerosos con precios inflados, a cambio de servicios presentados por particulares a la empresa del Estado; todo ello, a cambio de beneficios económicos para los propios servidores públicos. Este tipo de prácticas provocaron pérdidas de miles de millones de pesos al año, apunta.
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