Urge que el estado mexicano solicite una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Guardia Nacional

La senadora panista Kenia López Rabadán urgió al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que, en su calidad de Jefe de Estado, solicite una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre la convencionalidad de la propuesta de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, luego de que diversos especialistas han señalado que contraviene los derechos humanos de los mexicanos.

“Es urgente que el gobierno mexicano consulte a la CoIDH sobre este híbrido constitucional con el que se pretende crear la Guardia Nacional, debido a que su operación recae en el ámbito militar y uso de militares en tareas de seguridad pública”, detalló la legisladora.

En ese sentido, explicó que el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que los Estados pueden realizar este tipo de consultas sobre la compatibilidad de sus leyes internas con el marco internacional, además de que la Corte tiene la facultad pronunciarse respecto a los proyectos de ley, mismos que deben ser sometidos a la opinión de este organismo.

Acotó que dicha propuesta es producto de las conclusiones de las audiencias públicas realizadas en días pasados, en el marco de Parlamento Abierto, por lo que inscribió un punto de acuerdo de urgente resolución, para solicitar al gobierno federal que lleve a cabo dicha consulta a la Corte Interamericana.

“Debemos señalar que los criterios que pudiera establecer la Corte Interamericana a partir de la consulta no solo beneficiarían a México, sino a otros Estados miembros de la OEA”, planteó la legisladora.

También, precisó que en casos urgentes y excepcionales, la Corte ha emitido opiniones en menos de tres meses y que, en este caso, el Estado mexicano puede solicitar dicha opinión de manera urgente, derivado, entre otras cuestiones, de la situación de inseguridad que vive el país.

López Rabadán dijo que en este ejercicio de parlamento abierto, en donde se analizó la creación de la Guardia Nacional como una institución responsable en las tareas de seguridad pública e integrada por elementos de la armada y marina mexicana, así como de la policía federal, se advirtió con preocupación que dicha reforma constitucional puede generar daños irreparables en la población.

Insistió sobre la conveniencia que el Estado Mexicano solicite una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana sobre la convencionalidad de la figura de la Guardia Nacional, antes de que sea aprobada.

“Es importante tomar en cuenta el análisis de un órgano jurisdiccional internacional sobre la minuta de la Guardia Nacional, ya que considero que dicha reforma constitucional no es acorde con la Convención Americana de los Derechos Humanos y los tratados Internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, ya que como se desprende de la Opinión consultiva OC-14/94, ‘la expedición de una ley manifiestamente contraria a las obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención, constituye una violación de ésta y, en el caso de que esa violación afecte derechos y libertades protegidos respecto de individuos determinados, genera la responsabilidad internacional de tal Estado”‘, explicó López Rabadán.

Asimismo, apuntó que la historia política de América Latina demuestra que durante los estados de excepción o de emergencia, los gobiernos emiten políticas públicas que, en algunos casos, vulneran la protección de los derechos humanos; por tal circunstancia, la determinación sobre la factibilidad de la creación de la Guardia Nacional debe ser con total apego a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos, para fortalecer el estado democrático de derecho.

Abundó que “las opiniones consultivas orientan y vinculan, por lo que el Estado Mexicano tiene la obligación de generar certezas por el bien de los derechos humanos. Solicitar una Opinión Consultiva sobre la figura de la Guardia Nacional ayudará a definir claramente si es o no factible”.

Sobre este tipo de consultas recordó que no sería la primera vez que México acuda a la CoIDH para solicitarla, pues ya lo ha hecho en dos ocasiones anteriores: el 9 de diciembre de 1997 sobre asistencia consular y la segunda el 10 de mayo de 2001, respecto a la condición jurídica de los inmigrantes

Finalmente, recalcó que las opiniones consultivas emitidas por la Corte son un servicio que brinda dicho órgano jurisdiccional a los Estados integrantes del sistema interamericano, con el propósito de coadyuvar a la revisión de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas o proyectos de reformas y los tratados internacionales concernientes a la protección de los derechos humanos.