Con el fin de atender el problema de desabasto de medicamentos que se ha registrado en algunos hospitales del país, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitará al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) un informe sobre el estatus de la compra y suministro de medicamentos para cáncer, VIH, diabetes y otros padecimientos graves que ponen en peligro la salud y la vida de la población.
En un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente en su próxima sesión, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pide además detallar las barreras u obstáculos que han retrasado la entrega de medicamentos a la población derechohabiente; así como los contratos logísticos de distribución.
En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria la legisladora resalta que durante el periodo neoliberal, las instituciones del Estado mexicano fueron desmanteladas poco a poco.
“Uno de los rubros más afectados fue el de aquellas que tienen por objeto garantizar el derecho humano a la protección de la salud”, lamenta Geovanna Bañuelos.
En este sentido, dijo, es necesario garantizar el acceso a la salud a toda la población, por lo que un paso fundamental para lograrlo es a través del tratamiento oportuno y el suministro de medicamentos.
La legisladora por Zacatecas sostiene que los medicamentos son esenciales para la garantía del derecho humano a la salud, ya que gracias a ellos millones de personas logran superar al cáncer, mantener los niveles virales del VIH en cantidades indetectables, mantener controlada la diabetes o simplemente curar enfermedades del primer nivel de atención.
“Lamentablemente, durante las administraciones anteriores se permitió la formación de un importante oligopolio farmacéutico. El cual elevó los precios de los fármacos hasta en un 70% y derivó en una captura regulatoria del Estado mexicano y en consecuencia, desapareció la competencia económica en el sector”, detalló Geovanna Bañuelos.
Por ello, con la llegada de la Cuarta Transformación, se creó el Insabi, como un esfuerzo para corregir los errores del pasado. A pesar de estos notables esfuerzos del gobierno encabezado por el Presidente López Obrador, la cadena de corrupción que existía en el sector ha obstaculizado el abasto de medicamentos.
“El problema de desabasto de medicamentos es grave porque la interrupción de los tratamientos puede ser fatal para las personas. La pandemia mundial por el virus SARS-CoV-2 ha agravado más el contexto por la enorme cantidad de recursos que ha sido necesario destinar para atender el tratamiento de los pacientes con la enfermedad Covid-19”, destaca.
La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), asegura que los medicamentos ya adquiridos por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos como parte del sistema de compra consolidada a nombre del gobierno mexicano están listos para ser entregados en hospitales y unidades médicas en todo el país.
Pero que están detenidos debido a que el Insabi no ha emitido los lineamientos formales para los operadores logísticos en materia de recepción, resguardo y destino final de los medicamentos.
Ante este contexto, la senadora Geovanna Bañuelos urge a definir la logística de reparto de medicamentos para evitar retraso en la llegada de insumos a las instituciones de salud y la interrupción de tratamientos para pacientes.
“En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con el cabal cumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades para respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos”, señala.
La salud es esencial para el pleno desarrollo de la persona, por lo que resulta imperioso que el Estado mexicano provea de los medicamentos necesarios a quienes los requieran de forma inmediata. “Solucionar el problema del desabasto no es una cuestión partidista, sino de Estado, de empatía, humanismo y garantismo”, asevera.
Por lo anterior, solicitará a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal de Competencia Económica un informe pormenorizado sobre los actores económicos privados que participan en la industria farmacéutica, así como del registro de violaciones a la legislación en materia de competencia económica en las que han incurrido en perjuicio de la salud de las y los mexicanos y en caso de no contar con dicho informe, que se realice una investigación especial por prácticas monopólicas.
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