La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga, aprobó por unanimidad citar a una reunión de trabajo a Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a fin de conocer los mecanismos para prevenir el acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres en la institución.
Además, solicitará un informe de actividades de la Unidad de Género adscrita al IPN.
Briceño Zuloaga afirmó que es urgente proceder y avanzar en las acciones en contra de este tipo de violencia que sufren las estudiantes y académicas en las instituciones de educación superior.
A la reunión de trabajo asistió una estudiante del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (Ciecas) del IPN, para denunciar hostigamiento y agresiones digitales por parte de un maestro de la Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad Tepepan, quien a través de whaps le solicitó reunirse con ella de forma reiterada.
“A partir de eso, confiando en la institución, hice la denuncia ante la Dirección de Asuntos Jurídicos, pero no se aclaró el procedimiento o la existencia de un protocolo para atender este tipo de situaciones”, informó.
La legisladora dijo que “la Cámara de Diputados esté abierta para escuchar las voces de las ciudadanas que piden transformar a fondo las instituciones de México”.
La diputada del PRD, Guadalupe Almaguer Pardo pidió que la Cámara de Diputados actúe de forma contundente, porque desde 2016 el Instituto Nacional de las Mujeres propuso un protocolo en contra del acoso y feminicidios en las universidades públicas y “de todas las instituciones ninguna quiso asumir la responsabilidad ni hacerlo suyo. Las únicas que lo asumieron fueron el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Iberoamericana”.
Propuso hacer una lista de universidades para convocar a los rectores a reuniones de trabajo con la comisión y se conozcan las acciones para frenar la violencia de género.
Afirmó que dichas autoridades no reconocen la existencia del problema y siguen evadiéndolo. Consideró “la existencia de una red de complicidades muy extraña”.
“No sólo es un asunto del Politécnico, sino de la UNAM, donde ha habido feminicidios y todos se quedan callados; el silencio se vuelve cómplice porque nadie dice nada. La violencia hacia las mujeres no puede reducirse a la voluntad ni en la irresponsabilidad de los rectores, directores generales y abogados de estas instituciones”, aseveró.
Reconoció la valentía de presentar el delito que se ha convertido en una cotidianeidad no sólo en el Politécnico sino en las universidades públicas. Solicitó imponer una sanción a las autoridades omisas de esas conductas, de lo contrario, “vamos a ser cómplices de la barbarie que sufren las mujeres que viven la violencia de género”.
La diputada Rocío Villarauz Martínez (Morena) refirió la desigualdad que viven las estudiantes de preparatoria en las sedes del IPN, desde el reducido número de sanitarios, además porque los espacios públicos no están hechos para las mujeres. En el Politécnico hay que revisar muchas cosas al respecto, dijo.
Celebró el próximo encuentro con el titular del IPN y proseguir con los rectores de diversas instituciones. Propuso analizar el acoso y hostigamiento sexual a quienes ocupan altos cargos, que aunque pocas, son víctimas de esas conductas.
Reconoció la valentía por difundir el acoso en las escuelas de educación pública porque será un precedente para respaldar a otras estudiantes, trabajadoras, profesoras y funcionarias que puedan sufrir este tipo de violencias en las universidades.
Olga Sosa Ruiz, diputada del PES, propuso construir una iniciativa jurídica de forma conjunta para establecer candados en el otorgamiento de presupuesto a las instituciones de educación superior que no cuenten con el protocolo en contra de la violencia de género.
Resaltó la necesidad de que todas las universidades del país se sumen a dicho protocolo, porque son pocas las que no tienen.
Expresó su apoyo porque más mujeres denuncien casos de acoso y hostigamiento en los centros de estudios superiores.
Por el PAN, la diputada Verónica Sobrado Rodríguez planteó llamar a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que trabaja en una propuesta de ley general de educación superior para insertar los protocolos de prevención y atención de acoso sexual.
“Es en este marco legal donde debemos incidir para que se cuente con las medidas necesarias y se prevengan estos delitos que se viven en la educación superior en México”, sostuvo que se tiene un gran reto para enfrentar la violencia contra las mujeres.
La estudiante del Ciecas, refirió un proceso irregular por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del IPN, a cargo de Mario Duana Espino, porque responde un mes después y sostiene que “no encontró ninguna conducta específica que pueda ser materia de sanción laboral por parte del instituto”.
Aseguró que recurrió a la plataforma digital para presentar los hechos; sin embargo, no estaba habilitada. “Entregué toda la evidencia de la situación y las autoridades dicen que no hay ningún elemento legal para seguir el procedimiento”.
Sostuvo que las mujeres politécnicas: alumnas, maestras, trabajadoras y funcionarias se han enfrentado a diversas formas de violencia. Se carece de un protocolo que atienda el acoso y hostigamiento y no hay un diagnóstico sobre la violencia de género en las vocacionales, escuelas superiores y centros de investigación.
Afirmó que “las politécnicas aspiran a que no exista simulación en los asuntos de género; que la responsabilidad de las autoridades se asuma bajo los principios de convenios internacionales ratificados por México que impactan a la comunidad científica y tecnológica”.
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