La presente ha sido una semana adversa, de pesadilla, para el presidente Andrés Manuel López Obrador en lo político, económico, social y de combate a la violencia del crimen organizado que, pese a la narrativa distractora, le ha significado un golpe al centro de su plan sexenal de control.
La crisis inició el miércoles pasado cuando los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desconocieron al presidente de este organismo autónomo, José Luis Vargas Valdés, luego de una serie de tropiezos y escándalos, que culminó con una seria confrontación con la mayoría de los integrantes del pleno, a los que tildó de “votar en manada”, lo que indignó a los magistrados.
En conferencia matutina un día después de la crisis en el Tribunal Electoral, el presidente López Obrador explotó. Arremetió en contra del Poder Judicial al afirmar, en gira por Baja California, que “está podrido. Existen cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no desean que Arturo Zaldivar amplíe su mandato como presidente del Máximo Tribunal”.
La oposición al interior del pleno de la sala principal del Poder Judicial del país había planteado la decisión de no apoyar la propuesta presidencial para la relección del ministro Zaldivar al frente del Máximo Tribunal del país. Era y es, un revés a la estrategia presidencial de control en la SCJN.
Ese día el ministro Arturo Zaldivar Lelo de la Rea afirmó:
Quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022, cuando termina el período para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
En conferencia de prensa apuntó que está en la Suprema Corte por sus valores, principios y convicciones, y así lo demuestra lo hecho durante su carrera, y que no esta ahí en busca de privilegios ni puestos.
Para colmo de males gubernamentales el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) dio a conocer su informe 2020, en el que detalló que el número de pobres en México creció 3.8 millones y que además, se suman 2.8 millones de mexicanos a la pobreza extrema que por cierto, son las personas que tienen carencias sociales, ingresos por debajo de la línea de bienestar e inseguridad alimentaria.
De acuerdo al informe del Coneval, los pobres son una amplia mayoría en el país, puesto que solo dos de cada 10 mexicanos están libres de caer en pobreza.
Los datos del Coneval comprueban fehacientemente que la conducción de la economía en México ha sido un fracaso durante el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteradamente ha dicho que en su administración serán prioridad los pobres, lo cual hasta el momento, es un fracaso gubernamental y se convierte en parte de la narrativa gubernamental sin sustento.
Basta decir que de 2018 a 2020 la población en situación de pobreza se incrementó de 41.9% a 43.9% y que el número de personas en pobreza pasó de 51.9% a 55.7 millones de mexicanos.
En el mismo período la población en situación de pobreza extrema aumentó de 7% a 8.5%, lo que se traduce en que las personas en extrema pobreza, pasó de 8.7 a 10.8 millones en México.
En la conferencia mañanera del pasado viernes, como era de esperarse, el presidente recurrió a su frase clásica -“tengo otros datos”- y atribuyó al mal comportamiento de la economía a los efectos de la pandemia Covid 19 en la actividad empresarial y productiva.
La realidad es que la economía durante el gobierno de López Obrador tenía un comportamiento negativo en cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pero además no generó ningún programa de reactivación de la economía y de apoyo a la planta industrial, a las exportaciones y al otorgamiento de servicios, como lo hicieron otros países latinoamericanos y europeos.
¿Cuál fue su argumento? No contraer deuda pública, pero en contraparte compró la refinería a la estadunidense ubicada en Houston, Texas, la Deer Park de la Shell, a un precio de 596 millones de dólares.
La crisis de inseguridad es otro tema que se suma al escenario de fracaso gubernamental, puesto que, en los hechos, no se muestra una estrategia de contención al crimen organizado, ni a la violencia que se ha extendido a distintos estados del país.
La descomposición en Chiapas, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco, Estado de México y Guanajuato, es un ejemplo de la ausencia de una estrategia del gobierno federal en materia de seguridad en el país, pero además la Guardia Nacional, es también un botón de muestra del fracaso de la política de seguridad nacional.
Los dos cárteles más importantes y de mayor capacidad de fuego y de efectivos en el país, son el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control del país a “sangre y fuego” lo que evidencia una política de seguridad tan errática como perversa.
En lo político las cosas tampoco están a favor de la pretensión presidencial de impulsar a Claudia Sheinbaum como candidata oficial a la presidencia de la república. El canciller Marcelo Ebrard hace su tarea de contrapeso, pero quien está maniobrando políticamente con mayor presión es el zacatecano Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
La semana pasada impulsó la llamada “Ley Federal de Revocación de Mandato” a petición del mandatario nacional, pero lo que no gustó a los seguidores incondicionales de la 4T fue la formulación de la pregunta que dice lo siguiente:
“¿Está de acuerdo con que se concluya de manera anticipada el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza?”
Esta pregunta fue considerada como una traición al presidente López Obrador por parte del senador que va libre en la sucesión presidencial.
Al tiempo
@juangomezac
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