Para dar a la población certeza y confianza en materia de procuración de justicia es necesario discutir y analizar cuatro instrumentos relevantes para atender de manera más eficaz la comisión de delitos relacionados con el narcomenudeo en escuelas y la portación de armas de fuego; así como fortalecer la identificación de cadáveres y relanzar el Escudo Centro.
Así lo señaló el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez, durante su intervención en la inauguración de la Primera Sesión Ordinaria 2018 de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de la Zona Centro.
Propuso exhortar a la Cámara de Diputados a que apruebe la iniciativa enviada por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a fin de que toda persona que porte un arma de fuego, con independencia de que sean de uso exclusivo del Ejército o de las fuerzas policiales, amerite la prisión preventiva oficiosa, toda vez que estos artefactos están diseñados para dañar, herir y hasta generar la muerte.
“Hay una iniciativa del doctor Mancera que ya fue aprobada por las y los senadores y está pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados, ya que las armas de fuego no merecen prisión preventiva oficiosa cuando no son reservadas o de uso exclusivo del Ejército o de las fuerzas policiales”, explicó.
También dijo que es indispensable hacer un estudio preciso y acucioso de los alcances de la Ley General de Salud, para revisar las agravantes del delito de narcomenudeo cuando éste se realice al interior de recintos educativos, entre otras áreas esenciales para el funcionamiento normal de una sociedad.
“Es muy importante reconsiderar que la Ley General de Salud, que previene el narcomenudeo, revalore las agravantes para cuando esta actividad se haga en los recintos educativos. Tenemos un hecho reciente en Ciudad Universitaria, donde compete conocer a la Procuraduría General de la República; sin embargo, estamos trabajando en el tema de los perímetros para que las y los alumnos, así como el profesorado, puedan caminar, utilizar el transporte y los servicios de manera segura”, agregó.
El secretario de Gobierno de la CDMX indicó que se debe relanzar el funcionamiento del Escudo Centro, para atender de manera eficiente los fenómenos delictivos que se presentan en las carreteras y fronteras estatales, ya que muchas veces trascienden en cuanto a su comisión y destino de los objetos relacionados con el delito.
Subrayó la urgencia de revisar y analizar el Sistema de Identificación de Cadáveres, construido a través de convenios de colaboración con el Instituto de Ciencias Forenses y el Instituto Nacional Electoral (INE), a fin de generar una base de datos certera, que se pueda compartir a todas las instancias de seguridad pública y procuración de justicia para la identificación rápida y precisa de los cuerpos.
Indicó que es fundamental que las personas que adquieren la calidad de víctimas u ofendidas, reciban acompañamiento, atención personalizada, seguimiento a su carpeta de investigación y justicia restaurativa o de reparación del daño, a través de los protocolos de atención, acceso a las instancias de impartición de justicia y vinculación a proceso que generen certidumbre en la sociedad de que quien comete un delito será sancionado, respetando sus garantías.
En el evento participaron, entre otros, Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República (PGR), Álvaro Augusto Pérez Juárez; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX); Víctor Antonio Carrancá Bourget, fiscal general del Estado de Puebla.
Asimismo, Edmundo Garrido Osorio, procurador General de Justicia de la Ciudad de México; el general de Brigada del Estado Mayor Presidencial, Marco Antonio Álvarez Reyes; Eduardo Rovelo Pico, contralor General capitalino; Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la CDMX; Vicente Lopantzi García, consejero Jurídico y de Servicios Legales, y los diputados locales Israel Betanzos y Luciano Jimeno Huanosta.
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