Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han respetado las determinaciones del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para continuar los trabajos de construcción de la Línea 7 del Metrobús.
El consejero Jurídico y de Servicios Legales (CEJUR), Vicente Lopantzi García, puntualizó que las quejas interpuestas ante el Juez por la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), contra la construcción del corredor del medio de transporte en Avenida Paseo de la Reforma, partieron de una premisa errónea.
La quejosa argumentó, en su momento, que por acondicionar una de las principales avenidas de la ciudad para el Metrobús, el GCDMX incumplió un ordenamiento jurídico.
“Desde el 21 de diciembre de 2017, el Juez declaró infundada la denuncia de desacato a la suspensión concedida dentro del juicio de amparo; antes de ello, ordenó que se recabaran diversas pruebas documentales y una inspección ocular que abarcaron las avenidas de los Misterios y Paseo de la Reforma, hasta el Auditorio Nacional”, mencionó.
Lopantzi García detalló que en paralelo a ese medio de defensa dentro del juicio de amparo, la AMDA denunció ante la Procuraduría General de la República una presunta afectación a sitios patrimoniales y artísticos en las zonas donde se realizan los trabajos.
Abundó que a través del Ministerio Público, la dependencia federal ya solicitó al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa copia certificada de su resolución.
“El propósito será cerrar la investigación que realiza, y he de resaltar que nunca se han parado las obras de la Línea 7 del Metrobús, porque eso nunca ha estado en discusión; nunca se han afectado espacios patrimoniales, artísticos ni al medio ambiente”, resaltó en el Salón Murales del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Vicente Lopantzi García sostuvo que, de ninguna manera, las autoridades locales violaron derechos humanos, sino continuaron los trabajos con las debidas precauciones para preservar el medio ambiente como lo ordenaron el Juzgador y el INAH.
“El Juez entendió que hay una parte que no puedes parar y que si dejas los trabajos medio año o un año sin ejecutarse, probablemente le vas a causar a la colectividad un daño mayor que el ocasionado, si es que existiera, con continuar los trabajos”, finalizó.
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