El presidente del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama, hizo un llamado para alcanzar un amplio consenso en el proyecto para expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pues busca que esta figura sea un instrumento para fortalecer la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Durante la inauguración del “Foro de análisis de la Ley Nacional de Extinción de Dominio”, destacó que esta es una de las principales propuestas que se han trabajado a lo largo de esta Legislatura y forma parte de la lista de temas a tratar en el periodo extraordinario de esta semana.
Martí Batres llamó a atender las diferencias que existen sobre el proyecto. “Me parece que sería lo mejor llegar a consensos. Hay que discutir los planteamientos que hace la Fiscalía, de tal manera que podemos resolver todos los elementos que estén pendientes y tenerlo listo”.
Se trata, subrayó, de una de las legislaciones que “tendría mayor recepción, mayor acogida en la sociedad mexicana”, porque puede servir mucho a la lucha contra la corrupción, al combate a la delincuencia organizada e, incluso, como un instrumento de justicia social.
A su vez, el senador Julio Ramón Menchaca Salazar, presidente de la Comisión de Justicia, expuso que, junto con la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, han recibido cinco iniciativas sobre extinción de dominio: dos del senador Ricardo Monreal, una del senador Miguel Ángel Mancera, una del Grupo Parlamentario del PAN y una propuesta por él.
Los proyectos plantean articular la ley de extinción de dominio como lo mandata el artículo 22 constitucional, tratando de evitar la mayor supletoriedad posible de los códigos de procedimientos civiles, tanto del federal como los estatales, explicó.
En algunas propuestas, refirió, se toma el modelo de extinción de domino de la Organización de las Naciones Unidas. Con las iniciativas se ha elaborado un proyecto de dictamen que concentran 368 artículos.
Comentó que se reformarían el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se convertiría en instituto de administración de bienes y activos, y se incorpora la monetización que permitirá que sea útil la extinción de dominio. Añadió que aún se pueden incorporar propuestas que deriven del foro.
En su participación, la senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó que un reto de la ley nacional es crear una figura cuya naturaleza jurídica complete la conexión que existe entre las materias penal y civil que se relacionan.
Expuso que durante el proceso de extinción de dominio se debe conservar, con sumo cuidado, una línea entre los procedimientos penal y civil, ya que bastaría un error o vicio en el procedimiento para que los bienes sigan en propiedad del crimen. “En el Congreso debemos subsanar las deficiencias que tiene el actual marco jurídico”, señaló.
El Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, reconoció la voluntad de las instituciones legislativas para poner sobre la mesa una ley que tiene como objetivo principal inhibir y combatir la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia, sobre todo en estos momentos cuando el país enfrenta grandes retos en materia de seguridad y justicia.
José Mario de la Garza, presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, dijo que en este foro se analizará la carga de la prueba en el proceso de extinción de dominio; dotar de garantías y recursos procesales a los afectados, y que la ley puntualice los órganos jurisdiccionales competentes para la resolución de los procesos, delimitando la competencia de los juzgados federales y locales.
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Abogados, Moisés Castro Pizaña, indicó que la búsqueda del Estado de Derecho debe fomentar la integridad de personas y empresas. “La extinción de dominio será un instrumento muy útil para el combate del poderío económico de las organizaciones criminales”, explicó.
Héctor Herrera, Presidente de la Barra Mexicana de Abogados, detalló que es precisó abordar en la discusión la libre valoración de la prueba o la prueba tasada en el procedimiento de extinción de dominio, la buena fe en el proceso, la relevancia de la concurrencia de los procedimientos de extinción y penal, y la carga dinámica de la prueba, entre otros.
Ángel Junquera Sepúlveda, del Ilustre Colegio Nacional de Abogados, destacó que se trata de una figura delicada y riesgosa, pero necesaria para fortalecer el Estado democrático de derecho. Hará frente a la corrupción del Estado, a las amenazas del crimen organizado y a los delitos que sufre la sociedad, para recuperar los bienes obtenidos de manera indebida, protegiendo los derechos humanos de quienes actuaron de buena fe. Destacó que juntos, legisladores, jueces y magistrados, a través del Parlamento Abierto, buscarán robustecer la legalidad en el país.
En el foro también participarán especialistas, representantes de organizaciones sociales y senadores en tres mesas de trabajo: “La naturaleza jurídica de la figura de extinción de dominio”; “Los derechos de terceros involucrados de buena fe”; y “Destino de los bienes y otras particularidades de la reforma”.
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