Las comisiones unidas de Educación; y de Estudios Legislativos, Primera, analizarán el proyecto de decreto de la senadora Minerva Hernández Ramos, para que se declare el 10 de julio de cada año “Día Nacional de la Autonomía Universitaria”.
En la iniciativa, la legisladora de Acción Nacional señaló que al establecerse a nivel constitucional el principio de la autonomía universitaria, se les dotó a las universidades la posibilidad de tener su propio sello de la casa, desde su forma de su organización hasta la toma de sus decisiones.
Indicó que la autonomía universitaria, es el principio establecido en la Carta Magna, para otorgar una protección constitucional especial a la universidad pública, para que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad.
Recordó que en enero de 1929, el VI Congreso Estudiantil discutía la necesidad de alcanzar la autonomía económica y administrativa en las escuelas oficiales del país y explícitamente se discutió la independencia de la Universidad Nacional frente al Estado.
Al analizar los conceptos de autonomía, apuntó, se observa que las instituciones de educación superior tienen muchos retos que enfrentar debido que, a pesar de haber alcanzado esta conquista, son dependientes del Estad en el aspecto financiero, toda vez que no tienen libertad de decisiones y actualmente se presentan presiones de gasto que puede impactar en la educación.
La senadora de la Fracción Parlamentaria del PAN aseguró que hay nuevos retos y nuevas tareas para los universitarios, en el afán de preservar y ampliar la autonomía en todas sus facetas como la libertad académica, libertad de gobierno, administrativa y financiera.
Afirmó que el Estado debe realizar una asignación adecuada de recursos, porque es difícil concebir una autonomía real mientras las universidades no tengan la seguridad de contar con los recursos necesarios para su adecuado funcionamiento.
Es imprescindible garantizarlo y llegar a un punto en el que por ley se les asigne un presupuesto básico, suficiente para posibilitar su trabajo, que no esté sujeto a aspectos coyunturales que generan incertidumbre, puntualizó.
Hernández Ramos informó que actualmente el Congreso de la Unión prepara una nueva Ley General de Educación Superior, en la cual se propone dotar de mayores recursos financieros a las universidades y que tengan la responsabilidad para administrar sus propios recursos, lo que, sin duda, ayudará a resarcir algunos de sus problemas financieros.
Insistió en que no puede ser una práctica sana que año con año se invierta una considerable cantidad de energía y tiempo en procesos de negociación y “cabildeo” para lograr presupuestos, apenas suficientes, en la atención de las necesidades y requerimientos de las universidades.
Deben establecerse reglas necesarias, objetivas, claras y transparentes, que trasciendan el ámbito de las disposiciones subjetivas de los actores involucrados en dichos procesos, remarcó.
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