El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) condena enérgicamente el asesinato de Carmen Parral Santos, alcaldesa del municipio de San José Estancia Grande, Oaxaca, así como la violencia de género en cualquiera de sus expresiones contra las mexicanas.
Dado el contexto de violencia en el que se registró el lamentable hecho, solicitamos al licenciado Rubén Vasconcelos Méndez, Fiscal General del estado, y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razones de Género de la entidad, que la carpeta de investigación se integre con las causales de feminicidio y que el proceso se atienda estrictamente bajo lo establecido en el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
El asesinato de Carmen Parral es un llamado de atención y claro ejemplo de la urgente necesidad de reforzar y hacer efectivas las medidas de protección para las mujeres que viven algún tipo de violencia en todo el territorio nacional, así como de la implementación de medidas cautelares que abonen a garantizar la vida, seguridad y acceso a la justicia de las mujeres y las niñas mexicanas.
En el estado de Oaxaca, en tan solo 6 meses se registraron 79 muertes violentas de mujeres de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ubica a la entidad en la posición número nueve a nivel nacional.
Lamentablemente, la violencia contra las mujeres ha cobrado la vida en los últimos ocho meses de tres alcaldesas: Gabriela Kobel Lara de Juárez, Coahuila, Maricela Vallejo Orea de Mixtla de Altamirano, Veracruz y la propia Carmen Parra; así como Beatriz García Licona, síndica municipal de Jiutepec, Estado de México.
Refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera cercana con los gobiernos estatales y sus fiscalías para promover más y mejores herramientas que contribuyan a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas en México. Asimismo, estamos convencidas que una vida libre de violencia, el acceso a la justicia y la garantía de cero impunidad pueden ser una realidad con el trabajo de todas y todos desde una cultura de la paz.
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