La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES), secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, afirmó que la reactivación del campo exige la participación de los productores, en el diseño de un plan estratégico que solucione la falta de infraestructura, apoyo financiero, y comercialización y dé valor agregado a los productos agrícolas.
Al inaugurar el “Foro del Coco, Mango y Aguacate”, en San Lázaro, expresó su disposición y apertura para escuchar las necesidades de los sectores productivos, a fin de reformar el marco jurídico para resolver problemas reales de los campesinos.
La legisladora convocó a aprovechar las bondades que propone el nuevo gobierno Federal para impulsar el agro nacional.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) aseguró que se dará una nueva dimensión a la producción agropecuaria, en especial la agrícola, para aprovechar el gran potencial que tiene México, por ejemplo, en producción de coco y mango, y consolidarse como potencia en la del aguacate.
Uno de los objetivos primordiales será evitar la dispersión del gasto público, el cual es la suma de todas las contribuciones de los ciudadanos, y debe administrarse con honradez y eficiencia para atender las verdaderas necesidades de los sectores productivos y no destinarse a personas sin escrúpulos, afirmó.
El también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, apuntó que el campo necesita suficientes recursos para invertir en la siembra, acabar con el intermediarismo y la corrupción que ha prevalecido y frenado su crecimiento, “porque una parte importante del gasto público va a los bolsillos de personas que están al margen de la producción”.
Se requieren, dijo, programas que impulsen el agro a través de metas claras, controles y rendición de cuentas, para establecer una distribución justa de los recursos. Manifestó su convicción para hacer lo necesario en beneficio de la gente que trabaja y produce.
La diputada de Morena, María del Rosario Merlín García afirmó que los apoyos al campo van a aumentar y llegarán de forma directa a las mujeres y hombres productores, ya que el agro es una prioridad. No se permitirá utilizar los recursos en otros rubros o no los ejerzan, ya que en lo sucesivo no se les considerará en la distribución.
Tampoco se permitirá que los funcionarios obtengan los recursos y los distribuyan o decidan los proyectos que se van a realizar, porque eso es corrupción, lo cual se convertirá en un delito grave.
La también secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, dijo que el campo requiere ser sustentable; se debe alentar una comercialización equilibrada con una visión exportadora, ya que no puede continuar la importación de productos derivados del coco, cuando el país tiene la materia prima.
José Ángel Mena, presidente nacional del Sistema-producto de la Palma de Coco, urgió rescatar al sector por su importancia económica, social, ambiental y cultural en once estados del país; combatir la pobreza, interesar a los jóvenes a trabajar la tierra para alejarlos de la delincuencia, ya que padres y abuelos malbaratan sus propiedades.
Solicitó recursos por mil 742 millones de pesos para atender las prioridades como, sustituir plantas envejecidas, aprovechar 300 mil hectáreas susceptibles de producir, atacar las plagas, frenar la importación desleal de productos asiáticos, dar valor agregado a los subproductos del coco, y promover su consumo en el mercado nacional por las bondades alimenticias que ofrece.
Héctor Manuel Peña Vargas, presidente del Consejo de Productores de Copra de Oaxaca, pidió que en el marco jurídico, nacional se establezca la producción de la palma de coco como sector estratégico.
Resaltó la contribución del Centro de Investigación Científica de Yucatán, que con tecnología mexicana ha desarrollado plantas invitro, a partir de cocos seleccionados de alta calidad resistentes a plagas, cuya producción puede sustituir palmeras antiguas y repoblar zonas de cultivo, y aprovechar el potencial existente en el sector.
Daniel Radilla, representante del Consejo Nacional de Productores de Mango, indicó que la cadena productiva requiere apoyos por 7 mil 500 millones de pesos, para impulsar la siembra, certificar la fruta, diseñar planes de negocio,capacitación y alentar una comercialización que beneficie a los campesinos, porque el intermediarismo paga precios bajos que les deja una margen de ganancia mínima.
Joaquín Morales Mendoza, representante de la Sociedad de Producción Rural de Oaxaca, dedicada a la siembra de aguacate, solicitó apoyos financieros para certificar y garantizar la inocuidad de esa fruta, a fin de exportarla.
Puntualizó que la comercialización es uno de los problemas más complicados que enfrentan para colocar el producto en el mercado, ya que carecen de sitios seguros con el riesgo de perder su inversión.
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