En la Ciudad de México se terminará con los “cochupos inmobiliarios”, aseveró Xóchitl Gálvez, candidata al Senado de la Coalición Por la Coalición por México Al Frente, al presentar el Decálogo para combatir la corrupción Inmobiliaria.
En conferencia de prensa en el Parque América en la delegación Miguel Hidalgo, acompañada de Mauricio Tabe, presidente del PANCDMX y los contendientes a las alcaldías de Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, afirmó que desde el Senado de la República, se busca frenar los desarrollos inmobiliarios ilegales que ponen en riesgo a los ciudadanos.
“Tenemos que hacer leyes que permitan cerrar el paso a la corrupción y a todas las autoridades corruptas. No sólo se requiere decisión para hacerlo sino también leyes que apoyen a los próximos alcaldes. Entonces aquí está el paquete que necesitamos modificar y parar de una vez por todas esta violación inmobiliaria que tiene tan enojados a los vecinos”, aseguró.
Gálvez Ruiz sostuvo que la corrupción inmobiliaria es una queja recurrente en todo el país, no sólo de la Ciudad de México, por lo que el decálogo que impulsará permitirá cerrarle el paso a la corrupción a través de la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial.
En su oportunidad, Mauricio Tabe, presidente del PANCDMX aseveró que el caos inmobiliario en la ciudad fue resultado de la aprobación del Bando 2 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que avaló la hoy candidata a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
“No se registra, no se escritura y no se vende lo que no es legal. La responsabilidad del caos inmobiliario en la CDMX sí se debe a los gobiernos corruptos de MORENA. El problema de uso de suelo, de desarrollo de la ciudad y el encarecimiento de la vivienda es consecuencia de la desastrosa decisión del Bando 2 de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum”.
Sostuvo que para Acción Nacional una ciudad en armonía implica orden y es imposible pensar en desarrollo incluyente cuando hay corrupción o se pisotean los derechos de los vecinos, por lo que es “bienvenido el desarrollo, siempre y cuando se cumpla con la ley, se atienda a los vecinos y se mitiguen los daños”.
En tanto, Margarita Martínez Fisher, candidata a Alcaldesa de Miguel Hidalgo afirmó que no se permitirá ningún pacto de impunidad ni amnistía: “Víctor Romo es el zar de la corrupción inmobiliaria. No vamos a permitir que regrese a llenarse con dinero los bolsillos, es penalizar pero también que haya utilidad por el uso de suelo”.
Santiago Taboada Cortina, candidato a la alcaldía de Benito Juárez, dijo que es necesario poner orden en materia inmobiliaria. “Hay que detener este tipo de desarrollos voraces que complican la calidad de vida de los vecinos. Nos hemos comprometido a hacer una reingeniería completa para fortalecer los procesos jurídicos de las Alcaldías”.
El candidato por Benito Juárez afirmó que “no solamente estamos aquí dando ese acompañamiento, la batalla es ésta, ni un centímetro más de varilla fuera de la ley”, y reiteró que desde la Asamblea Constituyente trabajó por regresar las facultades a las Alcaldías en materia inmobiliaria.
Mientras que Gonzalo Espina, candidato a alcalde de Cuajimalpa aseguró que el corredor azul de candidaturas a las alcaldías que encabeza el PAN está comprometido a cumplir con este Decálogo contra la Corrupción Inmobiliaria para frenar las construcciones irregulares.
El Decálogo de Combate a la Corrupción Inmobiliaria propuesto por Xóchitl Gálvez contempla diversas acciones y sanciones a servidores públicos coludidos con desarrolladores o particulares para falsificar documentación y obtener permisos ilegales.
Entre las propuestas se encuentran brindar competencia a las alcaldías para verificar y sancionar las violaciones al uso de suelo; establecer un sistema de responsabilidades administrativas, penales y civiles para servidores y notarios públicos, así como para desarrolladores que violen los planes y programas de desarrollo urbano; definir la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para declarar la nulidad de convenios y contratos relativos a la propiedad cuando se violen leyes, planes y programas de desarrollo urbano.
Establecer la obligación de los notarios públicos de comprobar la existencia y validez de licencias, constancias, autorizaciones y permisos expedidos para la construcción y el uso de suelo, antes de autorizar definitivamente las escrituras de actos relacionados con la propiedad de bienes inmuebles.
La obligación del Registro Público de la Propiedad de no inscribir ningún acto que no se ajuste a los planes y programas de Desarrollo Urbano, además de crear la figura de ‘acción pública’ para que cualquier ciudadano pueda denunciar violaciones al uso de suelo, así como crear una plataforma digital que integre: catastro (Finanzas); uso de suelo (Seduvi); Constancia de alineamiento y número oficial, manifestación de construcción, aviso de terminación de obra y autorización de uso y ocupación (Alcaldías), así como Registro Público de la Propiedad (Consejería Jurídica).
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