El diputado Fausto Gallardo García (PVEM) propuso reformar y adicionar los artículos 11 y 13 la Ley de la Fiscalía General de la República, para crear la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, y así combatir de manera eficaz y eficiente los delitos en la materia y garantizar el derecho constitucional de las personas a un medio ambiente sano.
La propuesta indica que a dicha Fiscalía le correspondería la investigación, prevención y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, actividades tecnológicas y peligrosas, contra la biodiversidad y la bioseguridad, contra la gestión ambiental y demás relativos que se contengan en el Código Penal Federal, así como en cualquier otro ordenamiento legal en la materia.
El documento, enviado a la Comisión de Justicia para dictamen, y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para opinión, menciona que en la última década la preocupación social y gubernamental por proteger el ambiente se ha reflejado en la aparición de una gran cantidad de disposiciones en materia ambiental insertas en el sistema jurídico mexicano y extendido al ámbito penal.
Menciona que ello ha cobrado relevancia toda vez que los ilícitos relacionados con el ambiente han crecido en número y complejidad. En respuesta, se han implementado nuevos y complejos métodos para evitar que los delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia y respondan ante los ilícitos cometidos en contra del medio ambiente.
No obstante y a pesar de la emisión de disposiciones legales y principios en el ámbito internacional y local respecto de la protección del derecho humano a un medio ambiente sano “hoy más que nunca se padecen enormes problemas en la materia, motivo por el cual el llamado a la acción local es impostergable”, agrega.
Relata que la situación ambiental de México se ha conformado en una de desprotección y riesgos inminentes derivados, entre muchos otros, de la deforestación, contaminación de suelos, agua y aire, a lo que se añaden los malos manejos de los residuos y el ataque constante a las especies endémicas y su ecosistema.
Datos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportan que, de septiembre de 2020 a junio de 2021, recibió cinco mil 714 reportes y registró tres mil 836 denuncias vía telefónica. Además, de septiembre de 2021 al 30 de junio de 2022 se registró un total de seis mil 114 reportes. Ello es muestra de la evidente preocupación de la ciudadanía por denunciar actos que suponen daños al medio ambiente, subraya.
El diputado del PVEM expone que, si bien se cuenta con la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente, es indispensable elevarla a rango de Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, a efecto de alcanzar una protección absoluta del medio ambiente, conforme a los acuerdos internacionales y las disposiciones contenidas en los artículos 4°, 26, 27 y 73 de la Carta Magna.
Relata que, a nivel local, son diversas las entidades federativas que han concretado la figura jurídica de fiscalías especializadas en la materia, tal es el caso de Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Estado de México y Baja California.
“Es de especial relevancia elevar de rango a la Unidad Especializada para convertirla en Fiscalía Especializada no sólo por las capacidades operativas, sino porque atendería la creciente ola de denuncias que se presentan por presuntos daños al medio ambiente, contra las especies y los ecosistemas endémicos”.
Añade que la propuesta no conllevaría cargas presupuestales adicionales, puesto que la actual Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales ya tiene una asignación económica para llevar a cabo su función.
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