El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este fin de semana que pondrá en las entidades federativas y en las ciudades los nombres de los cárteles de la delincuencia organizada y de los políticos corruptos a las obras públicas que se construirán con bienes y dinero confiscados a la delincuencia, “para que se conozca de dónde salieron los recursos”.
El tema de la corrupción en el discurso del presidente López Obrador ha sido, por decir lo menos, contradictorio. Ha circulado del perdón y “borrón y cuenta nueva” a la consulta popular “si el pueblo lo demanda” habrá sanción y castigo.
Hasta el momento el presidente López Obrador no ha presentado una estrategia concreta para sancionar e impedir la corrupción y menos aún, ha presentado alguna acción de sanción.
A cinco meses y medio de haber asumido el poder el mandatario federal da a conocer un hecho que, si bien es cierto es insólito, solo contiene un aspecto inédito: el decomiso de los recursos públicos malhabidos por parte de políticos.
Habría que recordar que el uso de recursos decomisados al narco, tanto en especie como en efectivo, el gobierno federal los ha utilizado para distintas campañas y de apoyo para algunas organizaciones sociales.
Utilizar el dinero y bienes confiscados al narco es una acción que ya se realiza desde años anteriores.
El presidente solo se refiere a los políticos que ya están bajo proceso judicial pero no habla de iniciar un proceso de investigación en contra de quienes concluyeron su período y sobre los cuales hay acusaciones, denuncias y carpetas de investigación.
No parece que sea una acción seria para contener y erradicar la corrupción. Más bien parece una ocurrencia, producto de la improvisación presidencial, motivada por la presión social.
Podría decirse que el primer gobernador arrestado durante el presente milenio fue Mario Villanueva Madrid, gobernador de Quintana Roo, quien después de dos años prófugo de la justicia fue capturado en Cancún el 24 de mayo de 2001, durante la administración panista de Vicente Fox Quezada en la presidencia de lar república.
Durante la administración presidencial priista de Enrique Peña Nieto fueron encarcelados seis ex gobernadores: Andrés Granier de Tabasco; Jesús Reyna, ex gobernador interino de Michoacán; Guillermo Padrés de Sonora; Flavino Ríos, ex mandatario estatal veracruzano que gobernó interinamente 49 días su estado; Tomás Yarrington de Tamaulipas y Javier Duarte de Ochoa de Veracruz.
Hay otros ex mandatarios estatales que siguen algún proceso jurídico en su contra como el de Nuevo León, Rodrigo Medina, quien entró a la cárcel solo unas cuantas horas y salió gracias a un amparo de la justicia federal, para continuar su proceso en libertad.
Pero hay otros que, como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte que se encuentra prófugo de la justicia o Eugenio Hernández de Tamaulipas quien es buscado por la DEA desde junio de 2015, que no han sido capturados y que evidencia la ineficacia de los cuerpos de seguridad que pareciera complicidad. Hay otros que no tienen tanta suerte como Roberto Borge de Quintana Roo, a quien el 31 de mayo de 2017 se le giró orden de aprehensión y el 4 de junio de ese año fue detenido en el aeropuerto internacional de Tocumén, en Panamá y extraditado a México en enero de 2018, donde permanece recluido.
Estos son algunos de los casos emblemáticos de la corrupción política en México, pero ¿Qué sucede en un país en donde la impunidad ha sentado su permanencia en los órganos impartidores de justicia, siempre condicionados a la voluntad de los jefes políticos?
Los delitos de los ex gobernadores van desde en contra de la salud, delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, desvío de recursos, venta ilegal de terrenos del patrimonio estatal, defraudación fiscal; enriquecimiento ilícito, peculado; por delitos electorales, encubrimiento, abuso de autoridad, tráfico de influencia, entre otros.
Pero ¿Qué sucede con otros casos emblemáticos como “la estafa maestra” que hasta el momento no ha tenido avances significativos?
En el caso Zacatecas existen denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del ex gobernador priista Miguel Alonso Reyes, que fueron remitidas a la Fiscalía General de Justicia del estado, en un acto en el que la justicia federal evita atraer una serie de denuncias en contra de un ex mandatario estatal.
Aunque el Senado de la República pidió a la FGR atraer el caso, se ha guardado silencio sepulcral para tender lo que pareciera un velo de protección a la impunidad.
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no aplica la Ley a actos de corrupción del pasado y del presente y solo se dedica a “poner plaquitas” a las obras públicas construidas con dinero de la corrupción política o de la delincuencia organizada, estará reconociendo el aporte de la impunidad a la construcción del México que votó por él para que hubiera un cambio efectivo.
Al tiempo.
@juangomezac
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