Redacción.- En sesión ordinaria, el Pleno del Senado aprobó diversos puntos de acuerdo que presentó la Comisión de Seguridad Pública.
Destaca un exhorto a la Fiscalía General de la República para que se coordine con las fiscalías o procuradurías de los estados y evitar casos de aplicación tardía de la Alerta Amber en todo el país.
El punto de acuerdo describe a dicha alerta como una herramienta de difusión que ayuda a la localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes que corran algún riesgo, tanto de no ser localizados como de ser víctimas de algún delito que ponga en peligro su integridad.
Además, indica que las primeras tres horas posteriores a la desaparición de un niño son las más importantes para iniciar el procedimiento de búsqueda, por ello es importante que las fuerzas policiales tengan una respuesta rápida planificada y efectiva al momento de actuar, de no darse el apoyo correspondiente es probable que los menores sean víctimas de otros delitos.
Sin embargo, señala, acceder a este programa es complicado para los familiares ya que, debe ser justificable que el menor se encuentra en una situación inminente de sufrir algún tipo de daño o se sospeche de algún tipo de delito. Este factor, detalla, deriva en que las autoridades opten por calificar el caso como “poco grave”, retrasando el proceso de búsqueda y estancando la posibilidad de encontrar al menor de edad.
La proposición busca erradicar la negligencia por parte de las autoridades correspondientes, homologando la aplicación oportuna de la Alerta Amber en todo el país y capacitando a los ministerios públicos y policías en la materia.
Seguridad
Exhortaron a los titulares de las áreas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga en las carreteras del país.
Este punto de acuerdo detalla que esta actividad contribuye con el 3.2% del Producto Interno Bruto Nacional y genera seis millones de empleos directo e indirectos.
Además, apunta que, según datos de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, el impacto de la inseguridad en el sector asciende a 43 mil 664 millones de pesos en 2018.
Ante el papel que juega el trasporte en la economía, el Pleno coincidió en fortalecer la infraestructura terrestre en materia de seguridad con la implementación de arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia en las zonas con mayor número de delitos.
Además, se solicitó generar una división de investigación que proporcione metodologías y herramientas científicas y tecnológicas para la prevención e investigación del delito, en conjunto con personal experto en criminalística, investigación cibernética y seguridad de sistemas de información y servicio.
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