Piden en el Senado reconocer a personas con discapacidad como titulares de derechos

Durante la segunda jornada del congreso internacional sobre “Discapacidad, cumplimiento de compromisos internacionales”, la abogada Diana Lara Espinosa enfatizó que este sector de la población no debe ser visto como beneficiario de “ayudas sociales”, sino titulares de derecho.

Subrayó la necesidad de reformar la legislación que niegue la capacidad jurídica, es decir, la titularidad de derechos y capacidad de ejercerlos, de este sector de la población, por motivos de discriminación.

Los estados, agregó, deben fomentar la consulta estrecha y la integración activa de las organizaciones de las personas con discapacidad, e impulsar la perspectiva interseccional y su capacidad de auto representación y empoderamiento.

Destacó que persiste el modelo de prescindencia y médico-rehabilitador de la discapacidad, lo que constituye la barrera principal para estas personas, pues considera que la discapacidad es algo negativo, malo, un castigo o algo divino, por lo que quienes enfrentan esta condición las se deben ocultar.

Diana Lara consideró que el Estado debe involucrarse en esas acciones y revisar el trato, dignidad y cuidado que se le brinda a este sector de la población.

Los médicos, consideró, imponen otra barrera al limitar los derechos de las personas con discapacidad a una cuestión de atención médica, y que las personas con discapacidad no deben ser vistas como “beneficiarias de ayudas sociales”, sino titulares de derecho.

Además, señaló como que otras limitantes para el ejercicio pleno de las personas con discapacidad son su invisibilización, la limitación legal para toma de decisiones, la falta de información jurídica accesible, de presupuesto, de facilitadores en audiencias y sentencias, de educación inclusiva y acceso a la vida política y pública.

En el congreso internacional, organizado por la Comisión de Salud, que preside la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, también se llevan a cabo mesas de trabajo en las que se retoman temas como el trabajo y empleo digno, la educación inclusiva y la armonización legislativa, en la que participan funcionarios, especialistas, representantes de organizaciones civiles y académicos.