La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, pidió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que investiguen la actuación de servidores públicos durante la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, a fin de que no omitan ninguna línea de investigación y deslinden responsabilidades.
Consideró que no puede descartarse negligencia por parte de la autoridad, ya que ninguna dio cumplimiento a la Ley General de Protección Civil, en su artículo 73, que indica que en caso de riesgo inminente los tres niveles de gobierno ejecutarán las medidas de seguridad para proteger la vida de la población.
“Pasaron horas y Protección Civil nunca llegó con un explosímetro y un altavoz para advertir a los pobladores del riesgo que corrían”, expuso la senadora mientras mostraba los aditamentos con los que debe contar personal de Protección Civil.
Ante los integrantes de la Comisión Permanente cuestionó el por qué fue tan limitada la actuación de la Sedena, la Policía Federal, estatal y municipal y quién tomó la decisión de no cerrar el ducto de inmediato.
Es prácticamente un hecho, dijo, que si se hubieran cerrado las válvulas a las 14:30 horas cuando se reportó la fuga, no estaríamos hablando de esta tragedia.
En tribuna, la senadora señaló que como hidalguense lamenta profundamente esta tragedia y recordó que el pasado 9 de enero, en la misma tribuna, advirtió que en Ixmiquilpan, Tepatepec, e incluso en el mismo Tlahuelilpan, la gente sabía dónde se vendía el combustible, producto del huachicol y que los gobiernos se habían hecho ojo de hormiga para enfrentarlo.
Gálvez Ruiz pidió no criminalizar a las personas que estaban ahí presentes durante la explosión, pues señaló que no todos eran huachicoleros y que varios de ellos habían sufrido más de una semana sin combustible.
Comentarios como: “se lo buscaron y se lo merecen”, hacen ver mal a una sociedad que se rige por leyes, como si el robar combustible deba ser castigado con la muerte en lugar de una sanción, afirmó.
La legisladora del GPPAN aclaró que una cosa es la actividad ilícita de las personas ahí presentes y otra que las excluya de la posibilidad de tener la calidad de víctima ante la ausencia de acción de la autoridad.
Por ello, pidió a las comisiones de Atención a Víctimas y de Derechos Humanos otorguen la calidad de víctimas a las personas que acrediten daño por la posible omisión de autoridades y que sean integradas al Registro Nacional de Víctimas.
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