El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” pidió la intervención urgente del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) a fin de garantizar la vida y la seguridad de los pobladores de San Pedro Tlanixco.
Los comuneros indígenas del municipio de Tenango del Valle, estado de México, salieron este lunes a manifestarse de manera pacífica en un paraje de la autopista Tenango-Ixtapan de la Sal para exigir la libertad inmediata de un grupo de seis defensores del agua quienes se encuentran presos desde hace 15 años y, que fueron sentenciados a 50 años de prisión.
Sin embargo, al lugar acudieron policías “de choque” –mejor conocidos como “granaderos”– de la administración del gobernador Alfredo del Mazo, quienes amenazan con reprimir a los manifestantes para liberar el tramo carretero.
Cabe señalar que los pobladores y el Congreso mexiquense piden, además, a la Fiscalía de la entidad a que se desista de la acción penal en contra de los indígenas nahuas, quienes desde hace 15 años se encuentran privados de su libertad bajo la figura de “prisión preventiva oficiosa”.
Los comuneros nahuas defensores del agua son Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles.
Los indígenas fueron acusados hace 15 años injustamente de homicidio por oponerse a la explotación del agua por parte de empresas floricultoras transnacionales, y desde ese día son reos en el Penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
“Los comuneros presos políticos ya han sufrido quince años en prisión preventiva oficiosa, en un proceso penal plagado de injusticias marcado por las violaciones al debido proceso y violaciones a sus derechos indígenas, condenándolos a la infame sentencia de 50 años de prisión”.
En este sentido, la oficina de Derechos Humanos de la ONU precisa que “la prisión preventiva oficiosa puede ser una medida que las autoridades utilicen para anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos, como la represión de movimientos sociales, manifestaciones públicas, ataque a activistas y personas defensoras de derechos humanos, u opositores políticos”.
La sentencia no sólo es injusta, también es un obstáculo para que no puedan defender el derecho al agua de su comunidad, y es una contravención a lo que establece el Artículo 9 de la Observación general número 35 Libertad y seguridad personales del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que determina que “las personas que no sean puestas en libertad en espera de juicio deberán ser juzgadas lo más rápidamente posible en la medida en que ello sea compatible con su derecho de defensa”.
El pasado 17 de enero el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal del estado de México resolvió en apelación: “Reponer el procedimiento tras considerar que no va en demérito de la garantía individual consagrada a favor de los sentenciados conforme a la cual deben ser juzgados dentro del menor tiempo que sea factible” (sic).
“Así, y tras injustos quince años de prisión preventiva se reitera la violación del derecho a un recurso efectivo, ya que no se ordena la libertad inmediata, sino que estarán privados de la libertad por un delito que el estado no pudo probar en dos instancias, y en sentido contrario, ha quedado más que claro que la prisión de los comuneros es consecuencia de su lucha”.
Sin más, los pobladores piden la libertad inmediata de los seis defensores del agua a la admiración del gobernador Alfredo del Mazo, así como a Fiscalía mexiquense a que se desistan de la acción penal en contra de los indígenas nahuas.
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