Ordena AMLO investigar contratos de Liconsa con empresario señalado por corrupción

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó investigar los contratos que Liconsa otorgó al empresario Alejandro Puente, señalado por  actos de corrupción en el sexenio de Felipe Calderón.

“Sí, que se revise el contrato, que intervenga la Secretaría de la Función Pública para aclararlo y nos comprometemos a informar a ustedes y al pueblo”, dijo el presidente este viernes en la conferencia mañanera desde Reynosa.

MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD PUBLICÓ esta semana que una compañía fundada por Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones sin experiencia en el sector lechero y ligado a varios actos de corrupción, recibió en esta administración dos contratos para procesar y vender leche.

Los dos convenios entre este gobierno y Puente Córdoba implican un pago por hasta 4 mil millones de pesos.

Puente Córdoba creó Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV en 2014 como una empresa de la construcción y fue hasta el 3 de diciembre de 2018 –a los dos días del cambio de gobierno- cuando se añadió a su objeto social que también se dedicaría a la producción y comercialización de productos agrícolas y ganaderos.

El 12 de diciembre de 2019, a un año de haber cambiado de giro, Liconsa firmó un convenio con Grupo Vicente Suárez 73 para que procese como mínimo 400 mil litros de leche al día en una planta que se construirá en Tabasco. Cinco días después, el 17 de diciembre, se firmó un segundo convenio con la misma empresa para una planta procesadora que se construirá en Zacatecas.

Ambos convenios fueron firmados por Alejandro Armenta Peralta, quien desde 2012 ha sido abogado y apoderado legal de múltiples negocios de Puente Córdoba.

Puente Córdoba estuvo involucrado en diversos casos de corrupción durante el sexenio de Calderón.

En enero de 2012 como titular del Consejo de Participación Ciudadana de la extinta PGR hizo negocios en la propia dependencia, según documentó el periódico Reforma en distintos reportajes.

Por ejemplo, en septiembre de 2012 la PGR –en aquel momento encabezada por Marisela Morales– le pagó 126 mil dólares por 30 horas de vuelo de un avión de Grupo Aeronáutico AFA, del que Puente era dueño del 99% de las acciones.

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