El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) se pronuncia a favor de la preservación de las lenguas maternas, por el respeto a los derechos lingüísticos con especial énfasis de aquellas lenguas minoritarias y por reconocer el valor y aporte de cada una de estas lenguas a nuestra identidad cultural pero sobretodo, asegurar que todas las personas, sin distinción de su lengua materna, accedan a la información y sus derechos sin discriminación.

La lengua materna recibe este nombre porque, principalmente, éstas son transmitidas por las madres hacia sus hijos e hijas debido a que históricamente la distribución de las tareas de crianza se les ha impuesto a las mujeres. Al ser esta la primera lengua, nativa y adquirida de forma natural, es la que cada persona conoce mejor. A su vez, a través de la lengua materna es como definimos al mundo, comprendemos nuestro entorno, forma parte intrínseca de nuestra cultura, nos permite la construcción de una comunidad y finalmente, forma parte esencial de nuestra identidad.

En el mundo se hablan alrededor de 7 mil lenguas, de las cuales el 96 por ciento son habladas solamente por el 4% de la población. México forma parte de esta diversidad lingüística, contabilizando 68 agrupaciones lingüísticas originarias, pero la diversidad es tan grande que estas se subdividen en 364 variantes aproximadamente.

Sin embargo, no todas las lenguas son tratadas iguales y aquellas minoritarias son frecuentemente desplazadas por las lenguas mayoritarias, obstruyendo el acceso a la información y ejercicio pleno de los derechos de las personas que las usan. Por ejemplo, la Lengua de Señas Mexicana o las lenguas indígenas. Además, esto atenta contra nuestro legado cultural, pues como lo ha expresado la Organización de las Naciones Unidas:

“Cada dos semanas desaparece una lengua que se lleva consigo todo un patrimonio cultural e intelectual”

Los derechos lingüísticos dan valor, respeto y permiten el desarrollo de las lenguas. Son la garantía al uso libre, presencia socio-cultural, visibilidad pública, práctica institucional y los servicios y protección del Estado a los cuales deben aspirar los hablantes de las lenguas minorizadas y la que deben cumplir las autoridades.

Desde esta perspectiva, se presenta la problemática de contar con las suficientes personas intérpretes-traductoras para cumplir con esta responsabilidad del Estado. Es esencial que la interpretación-traducción sea de calidad, pues no solamente tiene que hablarse y entenderse la lengua materna, sino que la persona debe tener un contexto cultural de cómo se ejerce en las comunidades y un entendimiento y comprensión clara de los usos y costumbres y sistemas normativos que deriven de éstas.

No es ninguna concesión que se atienda a las personas en su lengua materna, sino un derecho, por lo cual las instituciones públicas estamos obligadas a hacer los ajustes necesarios para que las personas accedan de manera igualitaria, sin discriminación y con plenitud a los derechos.