El diputado Javier Salinas Narváez (PRD), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó la necesidad de legislar para que las compañías que ofrecen servicios digitales paguen impuestos, ya que utilizan la infraestructura en telecomunicaciones construida por el Estado, sin invertir ni hacer contribuciones sobre ingresos derivados del comercio y riqueza que generan.
Las corporaciones trasnacionales que prestan servicios digitales no residen en México, sino en Estados Unidos, y para exigir un pago de esa índole a residentes en el extranjero es muy complicado para cada tipo fiscal, eludiendo la responsabilidad, comentó.
Durante el panel de discusión sobre la iniciativa para expedir la Ley del Impuesto sobre los Ingresos procedentes de Servicios Digitales, presentada el 6 de septiembre en el Pleno cameral, el legislador explicó que estos servicios para los usuarios son aparentemente gratuitos, pero no, ya que las empresas obtienen ganancias a través de la publicidad y, venta de bienes y servicios.
Aclaró que no se busca cobrar impuestos a los usuarios, y tampoco aumentar los precios de bienes y servicios que estas corporaciones ofrecen, que no pagan gravámenes, pese a realizar actividad empresarial y tienen la obligación de cubrirlos.
Salinas Narváez señaló que la actual regulación del Impuesto Sobre la Renta aplica la imposición de impuestos en el lugar de residencia del contribuyente que tiene un domicilio fiscal; sin embargo, la aplicación de ese principio a la economía digital es inoperante.
“La dimensión global del problema fiscal de las empresas digitales, requiere de una estrategia internacional y multilateral para evitar erosión en la captación de gravámenes”. Indicó que iniciaron el cobro de este tipo de impuesto en algunos servicios digitales en la Unión Europea, Argentina y Chile.
La Asociación Mexicana de Venta en Línea estimó el valor del comercio electrónico en el país, en 2016, por 329 mil millones de pesos, indicó.
Especialistas estiman que sólo una de esas compañías debería pagar contribuciones por mil 200 millones de pesos al año en México, recursos que servirían para atender los graves problemas sociales. Propuso que de aprobarse la propuesta deberá establecerse el destino de estos fondos.
Eliseo Rosales, doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, comentó que definir si se debe o no gravar los servicios digitales es tema nuevo que debe analizarse, para conocer la relación beneficio-costo social de este impuesto, y a dónde se va a destinar.
Pidió ser cuidadosos en este asunto, porque tiene muchas aristas, como regular el Internet, ya que las redes sociales se han convertido en medio para cometer delitos como la trata de personas, extorsiones y secuestros.
Apuntó que la tecnología de la información a través de los servicios digitales ha superado al sistema jurídico, ya que carecen de regulación y los usuarios aceptan contratos que tampoco están reglamentados.
Las nuevas empresas digitales creadas para vender productos y ofrecer servicios, sólo son intermediarias, y pese a generar riqueza y tener menos costos de operación, porque son intangibles, no se les graba con impuestos
Gerardo Arzate, director de Tecnologías de la Información del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, sostuvo que el país no capta ninguna ganancia cuando un usuario ingresa al Internet, porque con un clic toda la cadena digital obtiene un rendimiento sin pagar gravámenes.
Expresó estar a favor de gravar a esas empresas. Propuso que la persona que coloca publicidad en el sitio digital debería pagar impuestos, para evitar aumentos en los precios de bienes y servicios contratados en línea. Pero sin incurrir en una doble tributación, por la que pagan en su nación de origen.
Luis Miguel González, director general Editorial del periódico El Economista, planteó una vocación pública indiscutible vinculada a cobrar y regular los impuestos a las empresas de servicios digitales, recursos que podrían utilizarse para cerrar la brecha de acceso de la población a plataformas tecnológicas.
Contribuiría también, a tener fondos para que el Estado mexicano proteja mejor de riesgos digitales de inseguridad, y ofrecer diversos trámites a distancia. Propuso crear un fondo nacional de emprendedores digitales, para impulsar en el país este nuevo modelo de hacer empresas, ya que no se ha diseñado ninguna.
Recomendó establecer un marco impositivo con una regulación mínima, pero eficaz, que ayude a México a obtener recursos para planear, por ejemplo, dijo, otro tipo de empleos, ya que en el 2030 se perderán 9 millones de fuentes de trabajo por la automatización y robotización.
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