Movimiento Ciudadano propone elevar a rango constitucional la obligación de luchar contra el cambio climático

Frente a la política hostil del Gobierno Federal hacia el medio ambiente y ante a su negacionismo del cambio climático, las y los ciudadanos mexicanos necesitan contar con instrumentos jurídicos que los empoderen en la defensa de sus derechos, de la naturaleza y de un mejor futuro para México y el mundo, expresó el senador Clemente Castañeda.

“Es impostergable frenar la tendencia hostil al medio ambiente del actual gobierno, por eso presentamos una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva a rango constitucional la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una política nacional de mitigación del cambio climático”, dijo el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano y vicecoordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República.

La iniciativa que presentaron el 28 de julio pasado los senadores Castañeda y Verónica Delgadillo, plantea:

·       Reforma al artículo 4 constitucional para quedar: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y contará con una política nacional para la mitigación del cambio climático”.

·       En transitorios, establece la creación del Programa de Revocacionamiento de la Política Energética y Ambiental de México, donde se definan acciones concretas en favor del medio ambiente, las energías limpias y la mitigación del cambio climático, así como metas concretas para el cumplimiento de las contribuciones de México en el Acuerdo de París, y los objetivos en la Ley General del Cambio Climático y la Ley de Transición Energética.

·       Y, frente a la emergencia sanitaria y económica provocada por COVID-19, así como la urgencia de construir un plan nacional de reactivación económica, establece que tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión y los Gobiernos estatales, tomarán las medidas necesarias para estimular y fomentar las actividades económicas con perspectiva sustentable, de protección al medio ambiente y de mitigación del cambio climático.

Las declaraciones que se hicieron públicas del Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, confirman dos cosas, que el Gobierno Federal no tiene interés real de proteger el medio ambiente, y que al no existir una clara y estricta política medioambiental, se presta a los intereses y las interpretaciones de los secretarios del gabinete federal.

“Los proyectos faraónicos del Gobierno Federal son una abierta contradicción al compromiso de defender el medio ambiente. Recordemos el proyecto turístico del Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que se construyen pese a todos los estudios y advertencias del daño ecológico que significarán, y el último ejemplo es el intento por frenar el desarrollo de energías limpias”, dijo Castañeda.

El Programa para Medio Ambiente de la ONU manifestó que “La nueva Administración de México ha estancado años de progreso en el sector energético. Sus decisiones amenazan con revertir el progreso hacia una acción climática mejorada y el uso de energías renovables”.

Pese a la vulnerabilidad medioambiental de México y de los compromisos firmados en el Acuerdo de París, así como con las metas de la Ley General de Cambio Climático, el Gobierno Federal va abiertamente en el sentido opuesto. El último ejemplo de esto, es el acuerdo publicado en el Centro Nacional de Control de Energía para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con el que suspendió indefinidamente la operación de centrales de energías limpias.

Hace una semana, la senadora Verónica Delgadillo convocó al Gobierno Federal, organizaciones civiles, activistas y académicos a impulsar un Trato Verde por México para que la recuperación económica sea con una perspectiva de justicia ambiental y solidaridad social para luchar por un mejor futuro.

“En Movimiento Ciudadano, con esta reforma que eleva a rango constitucional la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una política nacional de mitigación del cambio climático, busca que los mexicanos y mexicanas cuenten con un dispositivo constitucional a prueba de vaivenes políticos e ideológicos; a prueba de intereses cortoplacistas y visiones sesgadas”, subrayó el senador Clemente Castañeda.