A nombre del grupo parlamentario de Morena, la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, propuso una reforma a diversos artículos de la Constitución, a fin de prohibir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar o “interpretar” los preceptos de la carta magna que apruebe el Legislativo.
La iniciativa, que ya fue publicada en la Gaceta Parlamentaria del martes, sostiene que el máximo tribunal del país no tiene la facultad de invalidar los preceptos constitucionales, tal y como recientemente se buscó hacer al eliminar la Prisión Preventiva.
Atrás de esta “cándida” y “modesta” propuesta hecha por Reyna Celeste, va contra todo principio (moral y jurídico) de equilibrio de poderes.
Durante décadas, los mexicanos hemos luchado contra el presidencialismo todo poderoso, en el cual un solo hombre tiene el control de la vida de millones de mexicanos. Lo hicimos contra los generalotes que ganaron la Revolución Mexicana y que saquearon a miles de personas, a las que despojaron de sus ranchos, haciendas, tierras en aras de repartirlas a los más pobres. Lo que no ocurrió.
Esos militares tomaron la presidencia de la República. Algunos para mal y otros para peor. Así desfilaron Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Eulalio Gutiérrez, Roque González, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.
Por su estructura militar, eran inflexibles y no aceptaban que nadie los contradijera. Al mismo tiempo, sometieron y humillaron a los otros dos poderes de la Unión: el Judicial y el Legislativo. Eran sus instrumentos para afianzarse en el poder.
Esto es lo que quieren hacer en Morena. ¿Acaso el Presidente López Obrador, le ordenó a Ignacio Mier, el jefe de los diputados morenistas, enviar ese proyecto de ley dictatorial, antidemocrático y humillante?
¿Usó Mier a Reyna Celeste una “pasante” de la carera de Derecho y Ciencias Sociales, de la Universidad Michoacana? Independientemente que sea pasante y de acuerdo a la página legislativa de Gobernación no se ha recibido, es increíble que no conozca la división de poderes de la República y haya aceptado ser el instrumento para romper el equilibrio de poderes de la República; de la Federación.
El espíritu de las leyes, como Montesquieu lo configura, establece que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, es decir, de los poderes federales, en los casos de la competencia de éstos; pero también el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores.
La Constitución Federal es la que expresamente ha creado estos dos órdenes de gobierno, y quien también en forma expresa ha señalado el reparto de competencias para cada una de estas jurisdicciones.
Ahora bien, en nuestra democracia representativa el Legislativo es la voz del pueblo y la que pone las reglas de equilibrio de poderes.
Pero, ni el Presidente, ni López Obrador, ni ningún otro, ni mucho menos los legisladores son los dueños de la verdad absoluta, por lo que no deben tener el poder absoluto.
En base a ello, el Judicial es el que da opiniones y decisiones técnicas jurídicas, como debió haber estudiado en el primer año de la carrera de derecho, la diputada Celeste Ascencio. No son decisiones emocionales, ni electorales, ni partidistas, ni de grupos, ni de gentes en el poder. Son decisiones totalmente enmarcadas en la Constitución y, en su interpretación, en aspectos que van desde la filosofía del Derecho, hasta los estudios realizados por jueces, magistrados y ministros.
La división de poderes y, en donde se le pongan frenos al Legislativo y Ejecutivo, es sano para la convivencia de la sociedad, para la democracia y la justicia.
PODEROSOS CABALLEROS
ADÁN, INTENSA CHAMBA DE GOBERNACIÓN
De manera imprevista, el secretario de Gobernación, Adán López acudió al Senado y a la Cámara de Diputados. Aunque dijo que sólo visitó el recinto a su hijo que hace servicio social, en realidad se reunió con los líderes de las bancadas de Morena, Ricardo Monreal Ávila, y de diputados, Ignacio Mier. El objetivo fue sacar la ley de la Guardia Nacional de acorde a los deseos de su jefe, Andrés Manuel López Obrador. Esta es la responsabilidad del segundo de a bordo del Ejecutivo Federal. Esta labor de cabildeo, con los miembros de su propio equipo, no lo realizaba ninguno de los titulares de Gobernación, en el pasado. Otra forma de ejercer el servicio público de Adán Augusto.
CARLOS JOAQUÍN
La designación de Carlos Joaquín como próximo embajador de México en Canadá permitirá afianzar las inversiones en materia energética con capital de aquel país. El todavía gobernador de Quintana Roo no solo tiene experiencia para sortear diversas crisis enfrentadas tanto su paso por la administración federal como en el ejercicio estatal, sino que goza de toda la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador para solucionar las diferencias que se han marcado en las mesas de negociación del T-MEC.
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