La crisis de violencia en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos en México podría recrudecerse aún más advirtió el presidente del Centro de Derechos Humanos “Zefereno Ladrillero” (CDHZL), José Antonio Lara Duque.
Tras conocerse del asesinato del periodista Juan Carlos Huerta en Tabasco este martes, el abogado Lara Duque dijo que esta situación –inédita en México– podría aumentar exponencialmente el marco de las próximas elecciones en nuestro país.
El abogado explicó que el clima de impunidad e inseguridad va en aumento en casi todo el territorio nacional, en contra de la actividad periodística y de los defensores de las garantías individuales, ya que el asesinato de Juan Carlos Huerta es el cuarto que se registra durante 2018 en nuestro país.
“Van 43 comunicadores asesinados durante en el sexenio de Enroque Peña Nieto; y es el número 116 desde que México experimentó un cambio en el su régimen con el ingreso a la Presidencia de la República de Vicente Fox Quesadaa través del Partido Acción Nacional (PAN).
“Particularmente este 15 de mayo es cuando se cumple un año del asesinato del escritor y periodista Javier Valdez en Sinaloa; y en el marco de una jornada que se lleva a cabo en todo el mundo para recordar la importancia que tiene el ejercicio periodístico profesional”, dijo.
“México vive una crisis de violencia inédita contra pueblos originarios, comunidades indígenas, periodistas y defensores de los derechos humanos, derivado de las políticas neoliberales impuestas en las últimas décadas”, denunció Lara Duque.
Recordó las palabras de Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el marco de las campañas políticas, que el ambiente de violencia podría incrementar a consecuencia de su magnitud y la cultura política de nuestro país.
Lara Duque explicó que la construcción de mega-proyectos (sumamente contaminantes de nuestro medio ambiente), la violencia exacerbada hacia las mujeres, la constante criminalización de la organización y protesta social, así como la intervención armada del Estado en los territorios, ha dejado a cientos de personas desaparecidas, encarceladas o asesinadas por integrantes de grupos paramilitares.
De igual manera, aseguró, la mercantilización, el aniquilamiento de la cultura y memoria histórica, así como la precarización del empleo, la exclusión social-territorial, la falta de acceso a la justicia y, el acceso a derechos básicos como vivienda digna, agua, electricidad, servicios médicos, han hundido al país en una espiral de violencia.
“No vamos a parar nuestro trabajo social hasta que cesen las agresiones por parte del Estado y terminen los ataques sistemáticos y permanentes contra nuestros territorios, nuestros recursos y nuestra vida, del lucro y la barbarie que el capitalismo-neoliberal representa”, apuntó.
Acusó la intención del Estado de blindarse a través del despliegue de leyes represivas como la Ley Eruviel y la nueva Ley de Seguridad Interior, para legitimar el despliegue del uso de la fuerza física en casos de protestas y manifestaciones populares; para herirnos o asesinarnos y, aun así, salir impune.
“Es urgente contar con un protocolo integral (administrativo, legislativo, judicial) de protección a personas defensoras (entendiendo a toda persona que actúe en la defensa de los derechos humanos en un sentido amplio y pacífico, sin necesidad de estar adscrito a una organización o asociación, o estudios profesionales previos) que tenga como evitar la posible agresión o criminalización del Estado”, demandó.
Hizo ver que la lucha por nuestros derechos humanos es tarea de todos, y “solo juntos y organizados podremos ganar la batalla frente a tanta violencia, inseguridad e impunidad, el camino hacia ese horizonte de comunidad y prosperidad, es pues algo que tendremos que seguir construyendo de la mano”.
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