Hasta el día de hoy se sigue constatando el USO Y ABUSO DE LA FIGURA DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS. Al igual que sus antecesores, el gobierno de López Obrador sigue entregando 3 de cada 4 contratos por ese mecanismo, en contraste con el mandato constitucional que señala que la licitación pública debería ser la norma. Además, el propio gobierno definió en su PLAN NACIONAL DE DESARROLLO que las adjudicaciones directas se prohibirían.
Podría argumentarse que la crisis generada por el COVID-19 obligó al gobierno a agilizar los mecanismos de compra y que eso explica el altísimo porcentaje de adjudicaciones directas. No es el caso. La siguiente gráfica muestra de manera contundente que esta práctica está presente desde el primer día de la administración y, cómo se verá más adelante, el uso de las adjudicaciones directas es aún más intenso fuera de las instituciones que están atendiendo la crisis actual.
En el discurso oficial se dice que la emergencia sanitaria justifica la agilización de los procedimientos de compra para los equipos y materiales necesarios para atender la pandemia. Tienen toda la razón. Por ello se han FLEXIBILIZADO LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES PARA LAS SECRETARÍAS DE SALUD; DE LA DEFENSA NACIONAL, Y DE MARINA; ASÍ COMO EL INSTITUTO DE SALUD PARA EL BIENESTAR; EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), Y EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS.
Pero, ¿qué ocurre si eliminamos las compras de las dependencias que de acuerdo al Diario Oficial de la Federación pueden recurrir a las adjudicaciones directas debido a la emergencia?
Si omitimos de nuestro seguimiento estadístico a las dependencias señaladas en el DOF y nos concentramos en el resto de la Administración Pública Federal, la práctica de evadir las licitaciones no sólo sigue presente, sino que se agrava. Resulta no sólo que la adjudicación directa sigue siendo la forma favorita de contratación, sino que incluso se utiliza más, ya que el 81.7% de los contratos han sido entregados por esta vía, mientras que la licitación pública sólo ha sido utilizada en el 13.6% de las ocasiones.
Si se consideran todos los contratos del Gobierno Federal con fecha de corte al 14 de abril de 2020, se registraron 39,808 contratos. De estos, 30,340 (76.2%) se entregaron por la vía de la adjudicación directa, mientras la licitación pública sólo ha sido utilizada en 7,015 ocasiones (17.6% del total). Por el contrario, si excluimos a las dependencias del decreto por el COVID-19, el porcentaje sube a 81.7%
Es decir, si se considera a las instituciones involucradas en la atención del coronavirus, 3 de cada 4 contratos se adjudican directamente, pero al excluirlas, la cantidad sube hasta 8 de cada 10. No sólo se entregan contratos sin licitar para atender el COVID-19, también se hace, y con mayor intensidad, en el resto de la Administración Pública.
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