Las firmas afectadas ya solicitaron de manera formal la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, ahora, se han sumado a las presentadas
Un grupo de alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llevaron hasta la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) una denuncia al considerar que se han vulnerado los derechos de los estudiantes, científicos y personal administrativo.
El presidente de la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México (Conapro), Silvio Octavio García Rodríguez detalló que este grupo de estudiantes —entre científicos, investigadores y personal administrativo— solicitaron la intervención urgente del organismo internacional.
“La situación es delicada. Se han puesto en vilo servicios digitales, como la conexión a internet y la telefonía digital dentro de las instalaciones del IPN; se han vulnerado los derechos a la educación y comunicación de miles de alumnos”, expresó el también académico.
Por su parte, el abogado Mauricio Hernández Pérez recordó que ante la inacción del titular del IPN, Arturo Reyes Sandoval, los alumnos han recurrido a diversas instancias para denunciar a funcionarios presuntamente involucrados en hechos de corrupción.
“De manera arbitraria —y contra la Ley— no se formalizaron en su momento; entre ellos, contratos de servicios digitales, como el “IPN-PS-LICI-020-2021”, por que no sólo los alumnos han quedado vulnerables, sino también las firmas que fueron requeridas para realizar labores de mantenimiento.
Millones de pesos del erario han quedado comprometidos en presuntos actos de corrupción donde aparecen los nombres de Carlos Ruiz Víquez Cuevas, titular de la Coordinación Nacional de Cálculo y sus subalternos, David Eduardo Magaña Martínez y Francisco Javier Hernandez Betancourt, de la dirección de Cómputo y Comunicaciones.
“Los presuntos hechos de violación al marco legal, de adquisición, servicios y de derechos humanos han quedado plasmados en denuncias que ya investigan las propias autoridades internas del IPN, de la Fiscalía General de la República (FGR); de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); del Consejo de la Judicatura Federal.
Las firmas afectadas ya solicitaron de manera formal la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y, ahora, se han sumado a las presentadas a la CIDH, que dirige James Cavallaro, adelantó el abogado mexicano.
“Es importante esperar la acción de la CIDH a fin de proteger los derechos humanos de millones de alumnos de educación media, superior y de postgrado, ya que estos actos ilegales no sólo dañan a terceros particulares, sino a la comunidad politécnica, que dicho sea de paso, tiene representación en 28 entidades del país”.
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