El pasado 27 de enero del año en curso, tres policías municipales de Sombrerete fueron ejecutados. Sus cuerpos fueron abandonados dentro de una camioneta afuera de la ciudad. Unos días previos habían emboscado y matado a tres preventivos en Fresnillo.
Este jueves cinco policías fueron asesinados en hechos distintos en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe.
¿Se encienden las alarmas en Zacatecas?
Es una pregunta que no tiene respuesta para la autoridad gubernamental. Pareciera que para la administración en turno no sucede nada. Su silencio es elocuente. No solo calla, descalifica y criminaliza a medios de comunicación.
Para el secretario de Seguridad Pública le valió un boletín y dos esquelas, pero para el gobernador, el absoluto silencio.
Al siguiente día, el Ejecutivo del estado posteó un video en su red social de Facebook. En la imagen abre una válvula del suministro de agua potable en la comunidad guadalupense de Sauceda de la Borda, en la que habla del trabajo para abastecer de líquido a esa demarcación.
Y después publicó una foto en la misma red en donde promete:
“Todo el sexenio lo dedicaremos a la reparación y construcción de carreteras”.
Del asesinato de uniformados, ni una palabra.
El estado de Zacatecas es la entidad federativa en donde se ha registrado el mayor número de asesinatos de policías en el presente año.
El comportamiento de esta tendencia criminal no alertó a las autoridades y tampoco tomaron medidas de prevención y menos aún, de protección de sus vidas.
En el año 2020 fueron asesinados al menos, 26 uniformados, de acuerdo a la organización civil Causa en Común.
Para el siguiente año 2021 ya sumaban 36 los policías asesinados, pero en las primeras cuatro semanas del 2022 ya se contabilizaban 11.
Hasta este fin de semana, algunos medios de comunicación locales, han registrado a 23 guardianes del orden que han sido ejecutados.
El 18 de enero del año en curso en una sesión de la Comisión Permanente del Senado de la república, la senadora por el Partido del Trabajo Geovanna Bañuelos propuso un punto de acuerdo para generar condiciones de protección para los policías, ante el incremento de asesinatos al inicio del año.
“En los lugares en los que deben velar por la seguridad de la ciudadanía, también son víctimas y no parecen contar con los recursos para protegerse”, planteó la legisladora zacatecana.
Las secretarías de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y la de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, no respondieron.
Pero el 31 de marzo un numeroso grupo de elementos de la Policía Estatal Preventiva, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, iniciaron un paro de labores indefinido, debido a que en una protesta realizada dos semanas antes y luego de entablar una mesa de negociación con el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, el funcionario tomó represalias en su contra y despidió a siete elementos.
Inicialmente los uniformados demandaban la destitución de tres mandos de primer nivel, mejores condiciones laborales y apoyo económico para las familias de los policías caídos.
Derivado de este conflicto los elementos paristas revelaron que ni siquiera tenían un seguro de vida, lo cual no solo es un acto administrativo irregular, sino una medida injusta para un sector que arriesga la vida en uno de los estados de mayor violencia en el país.
Después de 11 días de conflicto y de realizar distintas acciones que fueron, desde la toma del congreso local y un plantón en la Plaza de Armas del centro histórico, los policías paristas firmaron una minuta de acuerdo y levantaron el paro cuando iniciaba la Semana Cultural Zacatecas 2022.
El gobernador nunca los atendió, pese a los constantes llamados a un diálogo con el mandatario estatal.
En cambio recibieron el desdén, el desprecio del gobernador, su jefe superior.
Unas horas antes de la apertura del Festival y cuando los policías aún permanecían en protesta en la Plaza de Armas, en donde habían colgado unas mantas de denuncia, el gobernador hizo una transmisión en vivo en la que dijo, apuntando con su mano hacia donde estaba la protesta:
Como pueden ver, vamos a limpiar, a quintar ya toda la basura.
Esta semana el INEGI publicó la trigésima cuarta edición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en la que Fresnillo obtuvo el primer lugar de mayor percepción de inseguridad entre sus ciudadanos (97.1) y Zacatecas el tercer lugar nacional con el 91.7%.
La capital zacatecana fue la que más incrementó la percepción de inseguridad entre sus ciudadanos, puesto que en 2021 registró 89.4%.
El gobernador David Monreal refutó los datos del INEGI y menospreció el resultado, intentando justificar que solo se trataba de una “percepción”. La realidad es otra, dijo.
¿Qué es la percepción? Cuestionó y se respondió: es percepción lo que la gente cree, pero en los hechos el delito ha ido a la baja.
Ejemplificó que en 2021 Fresnillo registró 108 homicidios, y en 2022, 64, “por lo que también es palpable la disminución en la comisión de este delito”, replicó.
Aquí otra realidad: con 4.4% de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, Zacatecas ocupó el tercer lugar nacional con tasa en ese delito, con 82 víctimas en febrero de 2022.
En la actual administración se ha generado un aumento del 57.1% en masacres. De acuerdo a Causa en Común durante el gobierno de David Monreal, en los primeros siete meses de su administración, se han generado 43 masacres.
Pero el gobernador guarda silencio ante estos datos, ante esta realidad.
El asesinato de policías se incrementó exponencialmente a partir del seis de abril. El 14 ejecutaron al comandante Cándido Moreno en Fresnillo; el 21 al policía estatal Edgar Hernández; el 22 al policía municipal José Luis Rojas Bernal, a Antonio García Velasco (estatal) y a Rafael Hernández (estatal), así como a un ex policía de la misma corporación del que no se reveló su nombre.
Esta es la realidad que se vive en Zacatecas y no es percepción.
¿Se encienden las alarmas en Zacatecas?
Al tiempo.
@juangomezac
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