La publicidad gubernamental tiene que ser regulada. Hoy existe un sobre ejercicio en su presupuesto y el gasto erogado no es transparente. Hay opacidad y su ejercicio arbitrario pone el riesgo la libertad de expresión.
Y aunque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene que emitir la ley reglamentaria sobre gasto gubernamental en comunicación social, a más tardar el 30 de abril de 2018, la verdad es que los legisladores pueden no acatar la instrucción que les envió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el pasado 15 de noviembre, y continuar en desobediencia y hasta convocar a un periodo extraordinario de sesiones para crear la reglamentación referida.
Y aunque por su desacato cabe la posibilidad que una jueza federal requiera a los presidentes de ambas Cámaras, para eventualmente destituirlos y consignarlos penalmente, el ánimo de las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es el de ir adelante con esta reglamentación y dejar las reglas claras. No obstante, hay voces que afirman que persiste la simulación.
Vale la pena recordar, que es la primera vez en la historia del país que la Corte ordena al Congreso Federal expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.
La sentencia de la Primera Sala provino luego de que el Congreso incumplió el tercer artículo transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014 cuyo propósito fundamental fue el de “garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, en todos los niveles de Gobierno”.
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