La ilegalidad presidencial en tiempos del coronavirus

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Prácticamente no hay conferencia mañanera  del presidente de México en la que no se diga que al fin vivimos en un país de leyes:  al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.  Por fin ha llegado el estado de derecho, dice el presidente.  Pero hay otros datos.

La discusión pública está  concentrada en la   emergencia sanitaria y  económica. Todo lo demás  parece irrelevante. Son tiempos propicios para que las autoridades estén   menos  vigiladas y  puedan invocar la emergencia para justificar sus decisiones, las ilegales incluidas.

Desde que el pasado 28 de febrero se presentó el primer contagio de COVID-19, han quedado fuera del escrutinio público numerosas  decisiones ilegales o de dudosa ilegalidad. Unas pueden parecer menores, pero tendrán   consecuencias   difíciles de revertir.   Otras  pasaron inadvertidas o bien se   denunciaron, pero su reverberación fue opacada por la prioridad de la misma  pandemia. Otras más, caen en el ámbito de las “omisiones”.

En los códigos penales y en las leyes de responsabilidad se configuran los delitos y faltas de servidores públicos “por acción”. Pero existen también irregularidades cometidas por omisión.  Empecemos por éstas.

Omisiones
 1. Tardía convocatoria del Consejo de Salubridad General
El Consejo General de Salubridad, cuya creación se prevé en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución, tiene competencia para clasificar  nuevas enfermedades como transmisibles y de vigilancia epidemiológica. Tiene también  el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, obligatorias en el país.

El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como  pandemia. Su director general recordó a todos los países “la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus”. Aconsejó estar en “permanente contacto con su población de riesgo y alertarles de cómo protegerse”. También “localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de coronavirus Covid-19, siguiendo su contacto”. En México no se atendió la recomendación. No fue sino hasta el día 23  de marzo cuando se reunió el Consejo  General de Salubridad para declarar   al COVID-19   enfermedad grave de emergencia y atención prioritaria. El 31 de marzo  se declaró la emergencia sanitaria. ¡Tres semanas después de haber sido declarada la pandemia!

2. Adquisición de medicamentos y equipo médico
Desde el inicio del sexenio fue clara la falta de previsión en la adquisición de medicamentos para el sector salud  por   ineptitud en el proceso de compras consolidadas que se asignó a la SHCP y por la omisión de COFEPRIS sobre las reglas para importar medicamentos. La ineficiencia se agudizó con la pandemia,  provocó escasez en el equipo indispensable para que el personal médico  pudiera atender, con la protección necesaria, a  los contagiados que requerían hospitalización. Lo mismo puede decirse  del bajísimo número de pruebas aplicadas para identificar el Covid-19. Al 27 de abril, México había aplicado sólo 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes (la media de los 36 países de la OCDE está en 22 por cada 1,000).

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