Prácticamente no hay conferencia mañanera del presidente de México en la que no se diga que al fin vivimos en un país de leyes: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Por fin ha llegado el estado de derecho, dice el presidente. Pero hay otros datos.
La discusión pública está concentrada en la emergencia sanitaria y económica. Todo lo demás parece irrelevante. Son tiempos propicios para que las autoridades estén menos vigiladas y puedan invocar la emergencia para justificar sus decisiones, las ilegales incluidas.
Desde que el pasado 28 de febrero se presentó el primer contagio de COVID-19, han quedado fuera del escrutinio público numerosas decisiones ilegales o de dudosa ilegalidad. Unas pueden parecer menores, pero tendrán consecuencias difíciles de revertir. Otras pasaron inadvertidas o bien se denunciaron, pero su reverberación fue opacada por la prioridad de la misma pandemia. Otras más, caen en el ámbito de las “omisiones”.
En los códigos penales y en las leyes de responsabilidad se configuran los delitos y faltas de servidores públicos “por acción”. Pero existen también irregularidades cometidas por omisión. Empecemos por éstas.
Omisiones
1. Tardía convocatoria del Consejo de Salubridad General
El Consejo General de Salubridad, cuya creación se prevé en el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución, tiene competencia para clasificar nuevas enfermedades como transmisibles y de vigilancia epidemiológica. Tiene también el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas, obligatorias en el país.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia. Su director general recordó a todos los países “la necesidad de activar y ampliar sus mecanismos de respuesta de emergencia para frenar el coronavirus”. Aconsejó estar en “permanente contacto con su población de riesgo y alertarles de cómo protegerse”. También “localizar, aislar, y diagnosticar cada caso de coronavirus Covid-19, siguiendo su contacto”. En México no se atendió la recomendación. No fue sino hasta el día 23 de marzo cuando se reunió el Consejo General de Salubridad para declarar al COVID-19 enfermedad grave de emergencia y atención prioritaria. El 31 de marzo se declaró la emergencia sanitaria. ¡Tres semanas después de haber sido declarada la pandemia!
2. Adquisición de medicamentos y equipo médico
Desde el inicio del sexenio fue clara la falta de previsión en la adquisición de medicamentos para el sector salud por ineptitud en el proceso de compras consolidadas que se asignó a la SHCP y por la omisión de COFEPRIS sobre las reglas para importar medicamentos. La ineficiencia se agudizó con la pandemia, provocó escasez en el equipo indispensable para que el personal médico pudiera atender, con la protección necesaria, a los contagiados que requerían hospitalización. Lo mismo puede decirse del bajísimo número de pruebas aplicadas para identificar el Covid-19. Al 27 de abril, México había aplicado sólo 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes (la media de los 36 países de la OCDE está en 22 por cada 1,000).
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