La Comisión de Igualdad de Género avaló con siete votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la opinión del “Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024”.
Destacó que es crucial incorporar la perspectiva de género en la implementación y seguimiento de las acciones encaminadas a lograr el desarrollo y reforzar el compromiso al más alto nivel político, para que sea un elemento transversal en las acciones de gobierno y no sectorizado, bajo la responsabilidad de pocas instituciones.
Por otra parte, las integrantes de la instancia legislativa aprobaron enviar una carta a Carlos Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público, para plantearle la urgencia de entregar el presupuesto asignado en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación, que asciende a más de 64 mil millones de pesos, a los programas que atiendan a las mujeres.
El documento lo firmaron las legisladoras de los diferentes grupos parlamentarios, para que los recursos etiquetados a las dependencias se entreguen y cualquier retraso en la distribución se solvente, además de que se conozca el ejercicio presupuestal.
Respecto al PND, la presidenta de la instancia legislativa, Wendy Briceño Zuloaga, resaltó ocho recomendaciones relevantes que aglutinan los comentarios, análisis y propuestas de todas las legisladoras, así como las observaciones de dos parlamentos abiertos realizados en mayo pasado, donde participaron asociaciones civiles, feministas, ONU Mujeres y académicas.
La opinión aprobada plantea que la creación de sociedades inclusivas y pacíficas seguirá fuera de nuestro alcance hasta que las mujeres y las niñas estén a salvo de toda forma de violencia y puedan influir en las decisiones que afectan su vida.
Destacó la importancia de asegurar que el PND tenga un impacto directo y transformador en los derechos de mujeres, adolescentes y niñas, quienes históricamente han estado más rezagadas. Además, de garantizar la asignación de recursos financieros, técnicos y humanos suficientes para la consecución de objetivos.
La necesidad de diseñar con claridad las estrategias que se desarrollarán para hacer frente a las múltiples discriminaciones que viven las mujeres es otro aspecto fundamental.
Propuso establecer metas y objetivos claros y bien definidos, en donde se haga explícito el impacto diferenciado de las medidas a implantarse e incluir indicadores para la evaluación del impacto.
Asimismo, incorporar de manera explícita las estrategias para atender las principales problemáticas, como la persistencia de patrones de violencia contra mujeres y niñas que incluyan las agresiones física, psicológica, sexual y económica, así como el aumento de la agresión doméstica, desapariciones forzadas, tortura sexual y asesinatos, especialmente los feminicidios.
Las trabas institucionales, estructurales y prácticas muy asentadas que dificultan el acceso de las mujeres a la justicia; la escasa participación de este sector en los procesos y estrategias para enfrentar la violencia e inseguridad generalizadas en el país, incluida la delincuencia organizada; las limitantes que encuentran las niñas y mujeres con discapacidad para acceder a servicios de salud, de protección social, a la educación y al mercado laboral, son otras variables a incorporar.
Además, de la violencia contra las defensoras de derechos humanos y ambientales; la falta de capacidades institucionales para garantizar los derechos de mujeres y niñas desplazadas, migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.
Asimismo, incluir estrategias para fortalecer sistemas de información, estadísticas oficiales y registros administrativos. Establecer los mecanismos a través de los cuales las mujeres y niñas participen de manera significativa en el monitoreo y evaluación del PND, a fin de alentar la inclusión.
La comisión apuntó que no solo el ataque a la corrupción y al crimen organizado pacificarán al país. La verdad y justicia también van de la mano en el combate a aquellas violencias como la trata, el abuso sexual, los feminicidios y la violencia cotidiana que laceran a niñas, adolescentes y mujeres mexicanas.
Del PRI, la diputada Ximena Puente De La Mora expresó su inquietud porque el plan no se ciñe al artículo 21 Ter de la Ley de Planeación, el cual establece la necesidad de identificar metas, objetivos e indicadores de gestión que ayuden a medir las acciones para saber si dan resultados y generan los cambios que el país necesita.
“En las acciones se deben puntualizar los qués y los cómos, sino hay, no vamos a tener parámetros para saber si vamos bien o tenemos que rectificar”.
La legisladora del PAN, Verónica María Sobrado Rodríguez, afirmó que el PND no cumple con la perspectiva de género. “Hoy solo vemos un documento ideológico que no contiene objetivos e indicadores, indispensables en el plan, que es la guía de actuación del gobierno. No sólo se trata de buenas intenciones, no podemos votar en positivo un plan que sólo habla de buenas intenciones y dice que hay disposición, pero no garantiza las acciones”.
Nosotras estamos obligadas a garantizar los derechos de las mujeres. Además, no cumple con lo que marca la Ley de Planeación en el artículo 21 Ter, respecto a los objetivos general y específicos, así como estrategias. Tampoco incluye los preceptos indispensables que permitan avanzar en la progresividad de los derechos humanos, subrayó.
La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) apuntó que el plan no incorpora la perspectiva de género. No hace ningún diagnóstico sobre la problemática de violencia extrema hacia las mujeres y carece de especificidad en los objetivos al respecto; tampoco hay estrategias; falta integrar datos y estadísticas que muestren la situación real que vive esta población.
Manifestó su preocupación porque no se tienen objetivos claros, acciones ni metas que garanticen un impacto a corto, mediano y largo plazos en beneficio de las niñas y mujeres para erradicar la desigualdad, pero sobre todo la violencia extrema y cerrar brechas entre hombres y mujeres.
Pese a los avances alcanzados se requiere fortalecer la política pública para atender las necesidades de este sector. Pidió considerar las opiniones de las legisladoras, “se debe garantizar en el PND que se incluya la perspectiva de género”.
Por el PRD, la legisladora Guadalupe Almaguer Pardo señaló que existe nulo compromiso del Ejecutivo con la agenda de los derechos de las mujeres. “Hay un vacío y simulación porque no plasma ningún compromiso”.
“Sería una traición a las mujeres y niñas mexicanas entrar a esta simulación, que cuesta 10 asesinatos de mujeres al día y desaparición de menores. Hay irresponsabilidad del gobierno que solo habla y no actúa”. Cuestionó las estrategias para aminorar la violencia. El PND a nivel jurídico y técnico no cumple la normativa, consideró.
Del PES, la legisladora Olga Patricia Sosa Ruiz enfatizó su preocupación por la falta de indicadores. Resaltó la importancia de la transversalidad, armonización con los tratados internacionales, en cumplir con los objetivos de la ONU e interculturalidad que le hacen falta al PND.
Exhortó a que se modifique el plan, por su debilidad y porque no cumple con las expectativas en materia de igualdad de género.
Por otra parte, las integrantes de la comisión aprobaron, por unanimidad, el dictamen para adicionar un párrafo a la fracción VII del artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permitan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida; incluyendo aquellas que permitan su inserción laboral y empoderamiento económico.
La diputada Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), proponente de la iniciativa, destacó que el propósito es contribuir a eliminar todo tipo de violencia, específicamente la económica y patrimonial, que pueden ser inadvertidas, pero determinantes para que las mujeres tengan una vida plena.
Finalmente, avalaron la opinión para la Comisión de Puntos Constitucionales, relativa al proyecto de decreto a fin de adicionar el inciso D, a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
Para contar con mayores elementos jurídicos, la Comisión de Igualdad de Género propuso adicionar que “la legislación establezca todos los tipos penales referentes a las violencias contra las mujeres y niñas, con inclusión de todos los delitos, sanciones y/o derogaciones correspondientes que garanticen plenamente los derechos de esta población a vivir libre de violencias.”
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