Fundado en 1986 por el entonces gobernador Genaro Borrego Estrada para garantizar un fondo de pensiones a los trabajadores del gobierno del estado de Zacatecas, el ISSSTEZAC a lo largo de estos 35 años, ha sido la suma de errores, abusos, tráfico de influencia, opacidad, ineficiencia y corruptelas, que pintan de cuerpo entero a los gobiernos que le sucedieron.
El fondo de pensiones para los trabajadores al servicio del estado, si bien es cierto ha tenido siempre una representación gremial ante el consejo, los actos administrativos se han hecho a espaldas de los burócratas.
Todos han abusado de este instituto que hoy está en el borde del colapso financiero, pero lo peor, es que a lo largo y ancho de todos estos excesos y corruptelas, solamente hay en su historia de sanciones dos personajes: Jesús de Alba, quien fue su director durante la administración del gobernador Ricardo Monreal (1998-2004) y Jaime Delena, director financiero en dicha etapa.
Los citados ex funcionarios solo recibieron la inhabilitación de 10 años, que por cierto ya concluyó, pero nadie más ha sido sancionado por el cúmulo de excesos y abusos que han cometido.
Las irregularidades administrativas -por decir lo menos- iniciaron a partir de la administración del ex gobernador cetemista, Arturo Romo Gutiérrez (1992-1998) cuyo gobierno dejó de pagar cuotas y aportaciones al instituto, por lo que al final de la administración el adeudo ascendió a 66 millones de pesos.
El cambio de administración no favoreció al organismo. El entonces mandatario estatal, Ricardo Monreal Ávila (PRD), actual presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, se despachó con la cuchara grande en la compra irregular de hoteles, terrenos, edificios y equipamiento de segunda mano para boliches que resultaron ser un desastre.
Bajo la dirección de Jesús de Alba se dio el lujo de comprar terrenos, construir casas que se entregaban de manera discrecional y hasta la adquisición del equipo profesional de Basket Bol, Barreteros de Zacatecas que, finalmente, el exfuncionario se apropiaría de la franquicia y la vendería al actual gobernador Alejandro Tello.
¿Cómo puede sobrevivir un organismo bajo estos abusos, excesos e ineficiencias?
El argumento del ex gobernador Monreal Ávila fue que habría que aprovechar el gran capital financiero del instituto, para la compra de activo que le generarían un mayor ingreso. Nada de eso sucedió, porque en los puestos de mando y decisión se nombró a incondicionales y se realizó el pago de favores políticos.
Con Amalia García la nómina del instituto creció de forma exponencial. Cuando su administración tomó la dirección de organismo se pagaban 66 millones de pesos y al final del sexenio se elevó a 198 millones de pesos.
Para el año 2014 el ISSSTEZAC ya estaba al borde del colapso institucional por el mal manejo de los recursos financieros, por lo que el entonces gobernador Miguel Alonso Reyes promovió una reforma, pero no corrigió los excesos y abusos en el manejo de las finanzas y menos aún, aplicó una reingeniería administrativa.
En el año 2013 se habían pensionado a 100 trabajadores y para mayo del 2014 a 300, pero en aquel momento existían 850 burócratas que podrían hacer uso de ese derecho, lo que de realizarse, se estimaba, colocaría en un grave situación financiera al Instituto.
A lo anterior se agregaba el hecho de personas que durante toda su carrera cobraron un salario fijo, pero en el último cheque que se les emitió se aumentó hasta en seis veces el sueldo, por lo que su pensión se vinculó con ese monto a su pensión. En esa situación se encontraban el 5% de los más de 2,100 pensionados.
¿Cuál es la realidad actual?
El 11 de febrero del 2020 la 63 legislatura de Zacatecas emitió el Acuerdo Legislativo 15 mediante el cual, solicitaba a la Auditoría Superior del Estado (ASE), se procediera a la revisión financiera del ISSSTEZAC, durante las administraciones de Miguel Alonso Reyes y del actual, Alejandro Tello Cristerna.
El período de la revisión e investigación financiera comprendió el periodo del 15 de septiembre del 2010 al 31 de enero del 2020, la cual arrojó 106 observaciones, de las cuales, 63 son para promover el fincamiento de responsabilidades por faltas administrativas y 75, son únicamente preventivas.
Respecto al fincamiento de responsabilidades destaca la no incorporación del 30% al Fideicomiso del Fondo de Pensiones; el gasto excesivo del capítulo 1000 (sueldos) en áreas comerciales y turísticas y además, se está considerando el concepto P.S.S. Asignación por cargo y P.S.S. Prima de Asignación por cargo que no se tienen autorizadas en el tabulador (2017-2019); pago por concepto P.S.S. respecto a Bono de productividad personal por el orden de 5 millones 756 mil 645 pesos; así como pagos superiores a los establecidos en los tabuladores por el orden de los 5 millones 559 mil 75 pesos.
También se detectaron pagos de compensación garantizada y asignación por cargo de forma discrecional y no con base a los tabuladores. Por cierto, hay serias diferencias entre el tabulador del instituto y el del gobierno del estado.
Asimismo en la auditoría se documentaron pagos de liquidaciones y finiquitos de forma irregular por el orden de los 4 millones 908 mil 822 pesos.
Se registró también la falta de documentación comprobatoria de egresos realizados por los sindicatos de la Sección 58 y SITTEZ, así como apoyo con enseres domésticos por 1 millón 415 mil pesos. Ambos sindicatos son parte de la Junta Directiva, en donde también tienen adeudos.
La revisión auditora detectó gastos de promoción y publicidad de lo cual, se carece de certeza de que se hayan prestado los servicios que tienen una cantidad de 2 millones 355 mil 435 pesos, lo cual tiene un inadecuado registro contable.
Un organismo con tantos vicios, ineficiencias y saqueos, no puede ser viable financiera o institucionalmente hablando.
Lo peor es que el gobernador electo, David Monreal Ávila, habla de corrupción pero la bancada de Morena, dividida y confrontada, no atina a conducir la reforma que envió el gobernador Alejandro Tello.
Morena está entrampado y gobernará los próximos seis años en Zacatecas, período en el que deberá asumir los costos de la reforma, cuando se realice, lo cual pretende evitar.
Al tiempo.
@juangomezac
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