Ciudad de México 01 Agosto (JUAN R. HERNÁNDEZ/CÍRCULO DIGITAL).- El grupo parlamentario del PRD, a través de su coordinadora, Verónica Juárez Piña, impulsa iniciativa para sancionar a quienes encubran el delito de pederastia y establecer la imprescriptibilidad de este ilícito.
“A la mayoría de los responsables de este ilícito, lamentablemente se les protege, encubre, ampara legalmente e inclusive hasta se les defiende a ultranza, sin importar el dolor y el daño que se les ocasiona a las víctimas”, indicó la bancada perredista en un comunicado.
Ayer miércoles, la diputada Juárez Piña presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa al respecto, busca reformar los artículos 209 Bis y 400 del Código Penal Federal, con el objetivo de salvaguardar los derechos los niños, niñas y adolescentes.
La propuesta plantea estipular en el artículo 400 que se sancionará a los encubridores del autor del delito de pederastia, cuando tengan una relación de jerarquía derivada de relaciones laborales, docentes o de cualquier otra índole que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima menor de 18 años.
En el precepto 209 Bis se estipula que “será imprescriptible la sanción señalada para este delito”.
“Con ello se contribuirá en la erradicación del delito de pederastia, lo que reclama atención puntual en aspectos como la imprescriptibilidad del delito y la atención a las víctimas desde una visión multidisciplinaria, y sobre todo la cooperación para que logren su reintegración a su vida y a la sociedad sin estigmatización ni exclusión alguna”, señaló el grupo parlamentario.
“Además, si el agente es servidor público se le impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión”.
Las y los legisladores del PRD consideraron que el abuso sexual contra menores de edad es un delito grave y en consecuencia el Ministerio Público está obligado, constitucional y legalmente, a investigarlo y consignarlo ante un juez de control a quien o quienes lo cometen.
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