Imponer la NOM 237 por parte de la Secretaría de Economía a través de la PROFECO, sería asestarle un gran golpe a la existencia de las instituciones particulares de educación porque, además de los daños que ese sector ya tiene por la pandemia y los ajustes tecnológicos provocados por el confinamiento, sumados al gran número de obligaciones generales, van a tener que pagar los costos que generará la norma con nuevas inspecciones y verificaciones que necesariamente serán dirigidos a los padres de familia, lo que provocará mayor abandono escolar y limitará la libertad de elección de los mexicanos; más aún limitará el acceso al derecho fundamental a la educación que el Estado mexicano no puede por si solo poner a disposición de la ciudadanía.
Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México dio a conocer que a nivel nacional son más de 53 normas oficiales o leyes generales las aplicadas a los colegios particulares en México, por lo que sería un exceso poner esta nueva disposición, que de ser aprobada los afectados combatirían a través del juicio de amparo por ser inconstitucional.
Los dirigentes de las Instituciones Particulares de Educación expresaron que esta nueva norma incrementaría los costos de las colegiaturas en alrededor de 15%, lo cual provocaría el cierre casi inmediato de más de 18 mil colegios que, por sus características y las de la población que atienden, no podrían absorber los nuevos costos.
Esta autoridad —la Secretaría de Economía—, que no es educativa, busca regular temas como la infraestructura educativa de la que desconoce y ya está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación, y esto muy probablemente generaría actos de corrupción y quien resultaría perjudicada sería la población, explicó Itzel Carmona, miembro del consejo directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
Intentar mezclar peras con manzanas, es decir, la educación que es un servicio social, con un producto mercantil, es un despropósito. Creemos que tal vez los funcionarios no lo hacen de mala fe, sino por falta de conocimiento, expresó Jesús Nájera, quien agregó que, sin embargo, en la Secretaría de Economía se niegan a entender que el sector de las escuelas particulares está “sumamente castigado con las normas que ya existen, donde hay una sobre regulación que cada día hace más difícil hacer nuestra labor”.
Además de los gastos y obligaciones normales que toda institución debe cumplir para poder realizar sus labores como licencia de uso de suelo, predial, renta, luz, agua potable y otros, las escuelas particulares necesitan cubrir costos de la Licencia de funcionamiento, dictamen de Protección Civil, de seguridad estructural, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), capacitación de sus docentes, autenticación del Certificado de Estudios (por ciclo escolar), equivalencia de estudios, autenticación de diploma, título o grado, exámenes extraordinarios y a Título de Suficiencia (por materia por alumno), inscripción por alumno en asignaturas libres, notificación de Examen Profesionales o de grado, de Licenciatura, etc.
Itzel Carmona aclaró que, contrario a lo que las autoridades piensan, las instituciones particulares de educación no son negocios, su objeto social no es el lucro, por el contrario, son asociaciones o sociedades civiles que buscan coadyuvar con una mejor educación para los niños y jóvenes y son una alternativa considerablemente capaz y calificada por la gran mayoría de los padres de familia que acuden a esta modalidad de la educación pública en México.
Los efectos por los costos de la educación particular ya se dejaron sentir durante los dos ciclos anteriores donde hubo un abandono escolar de casi 400 mil alumnos de las escuelas particulares, cuyos padres ya se vieron impedidos de poder costear la educación de sus hijos o los insumos para lograrlo.
La representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Itzel Carmona, agregó que la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) tomaron como objeto de la norma las escasas denuncias por abuso en el cobro de las colegiaturas, que son apenas el 0.08%, porcentaje poco representativo, comparado con el universo de alumnos en los planteles de escuelas particulares.
Nájera dijo que los representantes de las instituciones particulares de educación “estamos conscientes de los esfuerzos de este gobierno por cambiar las formas y el fondo de la vida pública en nuestro país y nos formamos del lado donde se camina para lograr el tan ansiado combate a la corrupción, que nos permita transitar hacia un país cada vez más democrático y con mayores oportunidades para todas y todos los mexicanos”.
Pero también, como lo expresaron en las reuniones con la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normas, “nos negamos a pensar que el actual gobierno pretenda, sea por falta de experiencia o por una decisión ideológica, intentar el desmantelamiento de una parte importante del Sistema Educativo Nacional como somos las asociaciones y sociedades civiles que coadyuvamos con los fines del artículo 3º Constitucional”.
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