La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicita a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe pormenorizado sobre las denuncias de tortura que fueron presentadas durante el periodo de confinamiento, así como el estado de las investigaciones, las acciones y sanciones que han impuesto a los agentes denunciados.
En un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo enfatiza que el confinamiento decretado para contener la propagación del virus SARs-CoV-2, exacerbó problemas sociales como el maltrato infantil, los feminicidios y la tortura, entre otros.
De acuerdo con el informe realizado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), titulado México: “La tortura y la impunidad se agudizan en tiempos de Pandemia”, en los primeros 18 meses del actual sexenio, la FGR recibió 522 nuevas denuncias por posibles actos de tortura en contra de agentes federales.
Estas nuevas denuncias, sumadas a las de años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259 de los cuales sólo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria. En el marco del fuero local, sólo en 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, pero en apenas 2 casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.
“La tortura es una práctica inadmisible e inhumana, refleja únicamente la incapacidad de respuesta de las instituciones ante la presunta comisión de este delito. Lamentablemente en nuestro país esta funesta práctica nos ha acompañado desde hace varias décadas”, lamenta Geovanna Bañuelos.
En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria, refiere que la tortura en el país ha sido un fenómeno continuo, de acuerdo con datos del gobierno federal entre 2013 y 2018 se produjeron 220 muertes de personas privadas de libertad en centros penitenciarios federales y 2 mil 531 en cárceles de las entidades federativas.
“Son repetidos los casos en los que los agentes policiales hacen uso de la tortura como método para obtener la confesión de quienes son acusados de ser parte de la delincuencia organizada”, menciona la legisladora.
Tan sólo en marzo de 2020 tres exfuncionarios de seguridad fueron remitidos a prisión por supuestamente participar en la tortura de detenidos en la investigación de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos desde 2014.
“El 6 de junio de 2021, Luis Cárdenas Palomino, cercano colaborador de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, fue detenido por su posible responsabilidad en el delito de tortura, el cual habría cometido contra cuatro personas para obligarlas a confesar que eran miembros de la banda de secuestradores Los Zodiacos”, detalla.
Geovanna Bañuelos sostiene que la lucha en favor de la integridad, del respeto a los derechos humanos y de la erradicación de cualquier forma de tortura, trato cruel, degradante o inhumano, debe ser ininterrumpida.
Por ello, urge a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, y a sus similares en las 32 entidades federativas, fortalecer los programas de capacitación permanentes para que todos sus elementos conozcan y apliquen los protocolos para el uso racional de la fuerza y se garanticen los derechos humanos erradicando los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, recomienda a las fiscalías especializadas a elaborar planes integrales de persecución penal de la tortura que permitan avanzar en la colección de pruebas, investigación y judicialización de los casos pendientes.
Finalmente pide a la Secretaría de Gobernación a que brinde un informe pormenorizado sobre los avances que existen en el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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