Fijar precios de garantía, esfuerzo gubernamental que ayudará a dos millones de agricultores pequeños y medianos

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, sostuvo que la propuesta del gobierno federal sobre precios de garantía para estimular la producción de granos básicos y leche, forma parte del gran objetivo de autosuficiencia alimentaria y reducción de la creciente dependencia de la importación que persigue la actual política agropecuaria del país.

 

        En el análisis “Los precios de garantía en México”, el CEDRSSA consideró que este mecanismo de estímulo puede contribuir a incrementar la captación de alimentos básicos, “aunque por ahora no es factible dimensionar la magnitud de ese impacto” y sus efectos para reducir la compra en el mercado exterior de esos productos para la dieta de la población.

 

“Se debe reconocer el esfuerzo gubernamental para apoyar a más de dos millones de agricultores pequeños y medianos mexicanos, que en su mayoría viven en condiciones de pobreza y desventaja social, por lo que es de valorar el alto sentido social de la propuesta oficial”, apuntó.

 

La evaluación refiere que en 2017 el país importó para el consumo nacional alrededor de 87 por ciento del arroz; 12 por ciento del frijol; 37 por ciento del maíz; 62 por ciento del trigo y 20 por ciento de la leche de bovino, por lo que uno de los objetivos del programa de precios de garantía es fomentar la autosuficiencia alimentaria.

 

El análisis añade que el pasado 18 de enero se publicó el Decreto Presidencial para crear el organismo público Seguridad Alimentaria Mexicana, cuyo objeto es favorecer la productividad agroalimentaria nacional y su distribución en beneficio de la población más rezagada.

 

Ese órgano coordinará la adquisición a precios de garantía y la importación. Cuando no se cuente con el abasto para la distribución de productos agroalimentarios, promoverá la siembra, acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos, así como de leche y sus derivados.

 

También propiciará la venta, distribución y, en su caso, importación de fertilizantes y semillas mejoradas.

 

Sin embargo, hasta hoy los instrumentos de política, en general, no han sido efectivos para fomentar significativamente la producción de alimentos básicos, por lo que se ha recurrido de forma creciente a las importaciones para satisfacer la demanda interna.

 

Refirió que Estados Unidos, socio en el Tratado-México. Estados Unidos-Canadá (T- MEC), destina gran cantidad de recursos a su sector agroalimentario, a través de instrumentos de política que incluyen los precios administrados, similares a los precios de garantía, ya que la producción de alimentos se considera tema de seguridad nacional, por lo que se puede justificar canalizar apoyos presupuestales hacia el sector agropecuario.     

 

Los precios de garantía como instrumento de política económica ya han sido aplicados en México en el pasado reciente, aunque con algunas diferencias, prosigue el estudio.

 

        Precisó que la primera institución estatal con propósitos reguladores se fundó en 1934, la cual se transformó en diferentes organismos públicos que establecieron los precios de garantía hasta 1994, mediante la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo).

 

        La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) en la producción de maíz fue menor en 1.8 por ciento, de 1994 a 2017. La superficie sembrada cayó de 9.2 millones a 7.5 millones de hectáreas; sin embargo, la producción se incrementó de 18.2 millones a 27.8 millones de toneladas, debido principalmente a que los rendimientos pasaron de 2.2 a 3.8 toneladas por hectárea.

 

La oferta nacional de frijol se redujo significativamente a una TMCA negativa de .6 por ciento, de 1994 a 2017, mientras que la superficie sembrada disminuyó, de 2.3 millones a 1.7 millones de hectáreas.

 

La producción de arroz se incrementó a una TMCA de 1.9 por ciento de 1980 a 1989, último año en que operó el precio de garantía para ese producto, mientras que la superficie sembrada aumentó de 154 mil a 193 mil hectáreas. No obstante, de 1989 a 2017 la TMCA ha sido negativa, en 2.4 por ciento.

 

En 1989 se produjeron 527 mil toneladas de arroz, mientras que en 2017 fueron 266 mil toneladas. La superficie sembrada también cayó, de 193 mil a 42 mil hectáreas de 1989 a 2017.

 

Para el trigo la producción se elevó a una TMCA de 5.2 por ciento de 1980 a 1989, mientras que la superficie sembrada pasó de 776 mil  a 1.2 millones de hectáreas. Pero la tasa de crecimiento fue negativa en 0.8 por ciento, de 1989 a 2017, ya que la producción cayó de 4.4 millones a 3.5 millones de toneladas, y la superficie sembrada se redujo de 1.2 millones a 662 mil hectáreas de 1989 a 2017.

 

En ciertos periodos los precios de garantía sí contribuyeron a incrementar la producción de alimentos básicos; sin embargo, años después, la oferta nacional no fue suficiente para cubrir la demanda y se recurrió a las importaciones, establece el análisis del CEDRSSA.