El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió suspender de manera inmediata la construcción del Tren Interurbano México-Toluca hasta que se garantice el respeto irrestricto del marco constitucional, toda vez que, la empresa que que desarrolla el proyecto demolió varias viviendas, pese a que los propietarios contaban con un amparo, violentando así los derechos humanos y fundamentales de las personas, además de ponerlas en peligro al utilizar maquinaria pesada para evitar la protesta de los vecinos.
Su coordinador, José Antonio Lara Duque, explicó que tras difundirse en redes sociales el momento en cómo una mujer exige al conductor de una excavadora detenerse en su determinación de desmantelar su casa, ubicada en la zona en que se pretende construir el nuevo transporte, los dueños de dichos predios contaban con un juicio de amparo con el objeto de proteger los derechos humanos, cuando son violados por normas generales, actos u omisiones de la autoridad o de particulares.
Pese a que los agraviados son vecinos que han habitado esta zona por años, los trabajos de construcción de esta proyecto han continuado despojándolos de sus propiedades y vulnerando sus derechos cuando este lunes, en horas de la mañana, en el paraje Mina Viaja, a la altura de los kilómetros 25 y 26 de la Carretera México-Toluca, de la Ciudad de México, fueron desalojados con violencia y destruidas sus viviendas.
De igual manera, acusó el CDHZL, personas ajenas a la construcción de este proyecto, disfrazados de trabajadores agredieron verbalmente e intentaron amedrentar a los habitantes de esta localidad, que vieron como las maquinaria fue utilizada para que la gente se hiciera a un lado, para utilizar ésta para derribar las casas.
El abogado Lara Duque anunció que se reunirán con habitantes de esta localidad mexiquense, del pueblo de San Lorenzo Acopilco, y de otras poblaciones afectadas, incluso de la ciudad de México, para estudiar las acciones legales que emprenderán para frenar este despojo y la violación este mecanismo de protección e instrumento jurídico que el Estado mexicano y particulares debe de cumplir para garantizar el acceso a la justicia a los particulares.
Por este motivo, el CDHZL pidió al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez; y el propio gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza; su intervención inmediata a favor de los afectados.
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