No puede haber transformación del Estado sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal. “Es hora de hacer frente a una de las principales demandas sociales: el verdadero acceso a la justicia para todas las personas”, sentenció.
Durante el bloque: Temas Transversales de la Administración de Justicia, del Primer Encuentro Digital Nacional “Desafíos de la Justicia Mexicana”, el legislador señaló que la justicia en México ha vivido, desde hace décadas, un cáncer terminal, conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad.
“Estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país, y ya es tiempo de acabar con ellos”, apuntó.
El senador indicó que no hay respuestas simples para los grandes problemas que aquejan a nuestro sistema de procuración y administración de justicia, por lo que es necesario un debate técnico e informado, y plena coordinación entre los poderes, las autoridades y la sociedad, para encontrar rutas claras y eficaces.
Aseveró que ningún esfuerzo de transformación de nuestro orden jurídico, por integral y vanguardista que sea, será suficiente sin excelencia judicial. “Nunca más, en la judicatura nacional, debe haber cabida para malos jueces ni para jueces simplemente mediocres, que se conforman con el mínimo jurídicamente aceptable”, puntualizó.
Monreal Ávila subrayó que debemos contar con juezas y jueces sensibles, con absoluta visión de igualdad e inclusión, capaces de reconocer las asimetrías que nos lastiman; que en sus resoluciones tengan la estatura ética de exigir a las autoridades que sean superados los rezagos de todos los grupos en situación de vulnerabilidad.
Además, detalló que deben ser conscientes de la realidad criminal del país, y de los costos de la impunidad en la vida de las víctimas y en la sociedad, así como en la legitimidad de toda la judicatura. También, agregó, es necesario que sean sensibles a lo que constituye su papel en democracia, y tomen en serio su obligación de trazar un puente entre la vida y el derecho.
El senador se comprometió a presentar, pronto, una reforma que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, de ambos fueros, quienes, por sus funciones, se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, señaló que el complejo contexto originado por la pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia que, en los órganos de administración y procuración de justicia, se carece de los instrumentos legales que les permitan operar con herramientas tecnológicas modernas. Por esto, dijo que deben avanzar hacia el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y, de esta forma, cumplir su labor de mejor manera.
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que modernizar la justicia federal tiene un renovado sentido de urgencia en este momento por la pandemia. Es necesario, añadió, que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana, con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz.
Recordó que la propuesta de reforma fue elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación, y presentada como iniciativa, por el Presidente de la República. Responde a un claro compromiso del Estado mexicano con la autonomía e independencia judiciales y su contenido permitirá consolidar la transformación de la justicia federal que está en marcha, aseguró.
Informó que se acordó con los grupos parlamentarios de la Cámara Alta que sea analizada de forma independiente de otras iniciativas, que puedan ser necesarias en materia de procuración y de justicia local, ya que se trata de una propuesta completa e integral de transformación del Poder Judicial.
Arturo Zaldívar explicó que el proyecto parte de la idea de que la reforma se dé desde adentro del Poder Judicial y sin modificar su estructura, sino hacer ajustes a su funcionamiento para que tengan un impacto duradero y trascendente en la calidad de la justicia y que haga de ésta un derecho real y tangible para la ciudadanía.
Destacó que ésta propuesta de reforma parte de un diagnostico profundo y de un ejercicio autocrítico. Las medidas que proponemos están orientadas a los resultados y permitirán tener una mejor justicia al alcance de la población, puntualizó.
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló que se tiene una deuda “muy grande” con la prevención y procuración de justicia en el país, por lo que presentará ante el Senado un proyecto global de carácter penal, “que incluya todo el tránsito del fenómeno criminal”.
Precisó que dicho proyecto va muy adelantado y se elabora junto con el Ejecutivo Federal, y abarca desde la prevención, hasta la sanción, además respeta la soberanía del Poder Judicial. “Debe acabarse el sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad, de todos y cada uno de los mexicanos”, expresó.
Indicó que se busca construir una Ley Nacional de Justicia Cívica, que se aplique todos los días, en todos los municipios del país, para la defensa de los ciudadanos. “Mientras no haya una convivencia, valor cívico y una manera de defender a los mexicanos que son ofendidos por la injusticia, no habrá un cambio”, opinó.
Asimismo, destacó que debe impulsarse un Código Nacional Penal con todos los delitos generales que se aplican el territorio nacional, a efecto de dejar las particularidades de cada estado a la decisión de cada soberanía estatal.
Dijo que recibieron por parte de los gobernadores, una propuesta en la cual se hacen varios planteamientos de carácter procesal, “que son muy lógicas porque están vinculadas a la vida diaria de la impartición y procuración de justicia”.
Gertz Manero aseguró que en materia de justicia no debe haber diferencias, todos los ciudadanos son iguales, con los mismos derechos y bajo el mismo marco jurídico. “Vayamos a todos los aspectos de la defensa de la sociedad, frente a la injusticia, si logramos esto en un tiempo razonable, este país tendrá resultados excelentes”.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que, por primera vez en la historia de México, la dependencia que encabeza institucionalizó el fortalecimiento del sistema de justicia penal del país.
“Existe un clamor popular: el de la justicia. Es momento de que el acceso a la justicia sea para todos los mexicanos, sin importar su condición socioeconómica, y ese es un compromiso de este gobierno. Es urgente que las instituciones de justicia recuperen la confianza de la ciudadanía”, enfatizó.
En la Cuarta Transformación, continuó, estamos convencidos de una justicia accesible para todas y todos los mexicanos de manera tangible, que no se quede únicamente en las narrativas oficiales, sino que se haga realidad en nuestras acciones. Por eso la Secretaría de Gobernación es hoy ese ente articulador que requieren las instituciones para su fortalecimiento.
Recordó que en el Senado de la República impulsó una iniciativa de reforma al artículo 116 Constitucional, para garantizar la independencia, la carrera judicial, y el nombramiento de los jueces y magistrados, y, sobre todo, la autonomía presupuestal y un techo mínimo que asegure el fortalecimiento de los tribunales.
A su vez, Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República, dijo que la consolidación del Estado de Derecho es el gran pendiente del gobierno mexicano, por lo que para alcanzarlo es fundamental contar un proceso de selección de juzgadores en el que realmente se considere el mérito personal y no el nepotismo y el tráfico de influencias.
Denunció que contamos con jueces convertidos en mercaderes, mínimamente calificados, que se dedican al abuso del poder, la mediocridad burocrática y la concesión de impunidades. Señaló que, como servidores públicos, no pueden aceptar la incorporación de familiares y amigos como la regla que impera en la integración del Poder Judicial.
Agregó que no podemos tener un país en paz si antes no logramos una nación que enaltezca la justicia como valor prioritario y forma de vida digna. “La injusticia debilita la cohesión social e impulsa la ingobernabilidad; del mismo modo, inhibe el crecimiento y socava la confianza”, apuntó.
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