- La Guardia Nacional ya respaldaba a la autoridad migratoria; si no tenemos éxito, querrán volver a la discusión del tercer país seguro, advirtió
- A pesar del acuerdo, México debe prepararse y diversificar sus mercados de exportación: Graciela Márquez.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, entregó a la Comisión Permanente el único documento que se signó entre las delegaciones de México y Estados Unidos en las pasadas negociaciones, y afirmó “con toda certidumbre y veracidad” que no existe ningún compromiso que no esté asentado en el informe que envió al Senado de la República.
El Canciller y la secretaria de Economía, Graciela Márquez, comparecieron ante este órgano del Congreso de la Unión para explicar los resultados de las negociaciones que se llevaron a cabo entre México y la Unión Americana para impedir la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas.
Desde la tribuna del salón del Pleno, el funcionario dijo que en las negociaciones se determinó que no se aceptaría nada que pusiera en entredicho la dignidad del país ni su ámbito de decisión. Ese era el límite, subrayó.
Fue una negociación muy difícil porque llegamos con un ultimátum, pero salimos con un convenio, destacó.
Refirió que es la primera vez en la historia de México que, en una negociación diplomática de alta complejidad, se da a conocer un informe pormenorizado del proceso. Aclaró que el acuerdo que entregó se hizo con previa consulta con la contraparte.
“La negociación que se hizo fue: cómo diseñamos una salida para esto. Enfrentando un acuerdo impuesto, que era inaceptable, o una guerra comercial de alto costo para nuestro país”, indicó.
Una guerra comercial, precisó, significaría una crisis económica para México. Se podrían perder más de un millón de empleos “el costo sería como incrementar el IVA de 16 a 25 por ciento”.
Dijo que algunas de las medidas acordadas con aquel país ya se tenían programadas por parte de México, como el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, incluida la frontera sur; el fortalecimiento del Instituto Nacional de Migración (INM) y el inicio de la aplicación del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
La Guardia Nacional ya respalda a la autoridad migratoria. Ya lo hace. La Policía Federal lleva todo este año trabajando con el INM, subrayó.
Luego, abundó, lo que se hizo es que las medidas que México venía discutiendo con Estados Unidos se presentaron “en una forma más acelerada”. Es decir, el despliegue de la
Guardia Nacional se hará más rápido, la sustitución del personal del INM se hará antes de lo previsto y el inicio del Plan de Desarrollo será más rápido.
Para ello, continuó, se estableció un plazo de tres meses, donde los primeros 45 días serán vitales. Si nosotros no tenemos éxito van a querer entrar otra vez a la discusión del tercer país seguro, advirtió.
Lo que se ganó razonablemente fue un periodo en el que primero nosotros tomamos nuestras medidas. Vamos a demostrar que nosotros podemos resolver esto con nuestra estrategia, expresó.
Ebrard dijo que la contraparte reiteró su beneplácito por el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica. Se aceptó incluir que ambos países reiteraban su compromiso de fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y América Central para crear una zona de prosperidad.
Explicó que en el sur del país se tienen que cubrir más de 260 puntos para cumplir con lo que la ley mexicana dispone en materia de migración. Ahora las autoridades migratorias están solicitando el respaldo de la Guardia Nacional y acelerar su despliegue en la frontera.
Tenemos que entender y atender a las personas que no pueden regresar a su país de origen. Por ello, informó, hay un equipo que tiene como propósito facilitar que aquellos tengan empleos.
Hay, abundó, otro equipo que en el norte del país apoyará a ciudades como Tijuana y Juárez, donde hay 25 mil migrantes esperando su procedimiento de asilo en Estados Unidos. De ese número, 10 mil son por el programa 235, y los demás llegaron por su propia cuenta, refirió.
Asimismo, mencionó que hay otro equipo que atendrá el tema del flujo creciente de menores no acompañados. Este incremento, explicó, se da porque “los polleros” ofertan menores migrantes para lograr el permiso de trabajo en la Unión Americana. Por ello, se trabajará para atender a los menores y desarmar la red que está atrás. Calculó que el valor monetario que implica el flujo de personas, es de 6 mil millones de dólares.
En otro orden, negó que se haya dicho que no se dejará entrar a nadie al país. “No sé de dónde sacan eso. La ley dice lo que se tiene qué hacer, quién puede estar y quién no en México”, acotó.
No obstante, aclaró: lo que no podemos permitir es tener millón y medio de personas cruzando México sin tener una noción de quiénes son, pues no podrían ser protegidos si no se tiene esa información. “Recuerden lo que pasó en San Fernando”.
El Canciller insistió en que la negociación está en curso “porque tenemos que demostrar que somos capaces y que nuestras medidas pueden tener sentido y resultados de forma distinta a la que ellos piensan. Esa es la meta y el objetivo”.
Hoy vendría siendo el día 38 de ese acuerdo. De modo que saliendo de aquí tenemos que ocuparnos de lograr los objetivos que nos hemos propuesto para llegar al día cero con los resultados que México quiere, puntualizó.
En su turno, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, señaló que aun con el acuerdo y la relación estratégica comercial bilateral, México debe prepararse y diversificar sus mercados de exportación.
Sin embargo, dijo, se requiere defender la industria manufacturera, al ser uno de los motores de la economía, en una de las regiones más productivas del planeta.
“En la Secretaría de Economía, estamos preparados. Hoy más que nunca la diversificación tiene sentido. Tenemos que abrir otros espacios para nuestras exportaciones en mercados de la región de América del Norte”, resaltó.
Al rendir cuentas sobre su participación en las negociaciones por el acuerdo migratorio derivado de la intención de Estados Unidos de imponer aranceles a todos los productos mexicanos, señaló que el origen de la discusión no era esa imposición entre socios que tienen vigente un Tratado de Libre Comercio.
Al llegar a Washington, continuó, la delegación mexicana estaba convencida que la discusión no era sobre gravámenes, sino que la intención era discutir la política migratoria a cambio de la suspensión de la medida unilateral de Estados Unidos.
Desde el anuncio de gravar gradualmente los productos mexicanos a partir del 10 de junio, dijo, se revisaron las posibles represalias por dicha decisión. Éstas abarcaron una lista de aranceles que podrían imponerse a sus exportaciones en nuestro país y, al mismo tiempo, se buscaron las negociaciones.
La agenda de negociaciones, explicó, incluyó reuniones con autoridades, grupos de investigación, funcionarios de alto nivel de ese país, la Organización Mundial de Comercio, organismos internacionales y representantes del Congreso estadunidense. Derivado de ello, los organismos empresariales de ambas naciones apoyaron la postura mexicana de no mezclar el tema migratorio con el arancelario.
Esta postura, precisó, fue apoyada con cartas al Congreso de Estados Unidos, manifestaciones públicas y con la firma de una carta por los últimos cinco embajadores de ese país en México, en contra de la medida.
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