Llegó el momento de las definiciones en cuanto a la atención al sistema pensionario zacatecano que, desde hace varios años, aqueja una serie de debilidades financieras y que hoy ya no es necesario sino urgente atender de inmediato, so pena de que colapse y genere una crisis de gobernabilidad en el estado.
Está claro que ni los cambios de administraciones gubernamentales del PRI al PRD y de este al tricolor, han sido capaces de rehabilitar y fortalecer las finanzas del sistema pensionario estatal y lo peor, la reforma que vendría a salvarlo y darle una viabilidad futura por 20 años ha sido un fracaso.
En el país el sistema pensionario se colocó en la mira de la atención de las políticas publicas que se encaminaron a realizar reformas jurídicas, entre las que destacan la edad jubilatoria que fue incrementada, al igual que las cuotas a trabajadores.
Hay un problema real en la pirámide poblacional nacional: el cambio demográfico está modificando el esquema pensionario, debido al incremento del envejecimiento de los mexicanos y a que cada vez, la longevidad es un factor determinante en los esquemas de las políticas pensionarias.
Sin embargo la carencia de una política pública eficiente que permita la optimización de las aportaciones de los trabajadores y la transparencia en su usufructo, han generado acciones opacas y permisivas por parte de los gobiernos que administran estos fondos, a grado tal que hoy día, se encuentran en una situación inviable la gran mayoría.
Aquí en el estado la situación del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) es prácticamente insostenible, debido a varios factores entre los que destaca en primera instancia, la falta de visión de los gobernantes y directores del organismo, quienes han actuado más política que socialmente.
¿Por qué? Porque se antepusieron los intereses gubernamentales a los de los trabajadores, quienes deben recibir sus pensiones y jubilaciones de acuerdo a la Ley y a los años de servicio público.
Para muchos será una de tantas “historias urbanas” pero en realidad lo que ha sucedido es que la gran mayoría de los directores del Issstezac, salvo honrosas excepciones, utilizaron al organismo como una especie de bolsa de trabajo para los compromisos políticos y para
el financiamiento de campañas electorales, a donde llegaban los operadores políticos cada vez que había elecciones estatales.
La falta de liquidez para pagar aguinaldo y algunas quincenas del 2018 a maestros y trabajadores estatales, puso sobre la mesa la crisis que afecta al sistema pensionario estatal, situación que viene arrastrando desde hace varios años y de lo que he escrito en su momento pero que nadie ha hecho caso.
El lunes 21 de julio de 2014 publiqué en este mismo espacio de Código Político lo siguiente:
“Para septiembre, cuando se inicie el período ordinario de sesiones y rinda el gobernador Miguel Alonso su Cuarto Informe de Gobierno, estará en tránsito el envío de la iniciativa de reforma a la Ley del Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas), con la que se pretende incrementar las cuotas de los derechohabientes, la edad de los afiliados, entre otras medidas”.
Recordé en aquella colaboración que “Al Issstezac no se le han hecho reformas prácticamente en los últimos 27 años, período en el que se ha registrado un incremento sustancial en la plantilla de los trabajadores del gobierno estatal y lapso en el que se han hecho compras, adquisiciones, rentas y contrataciones que poco tienen que ver con la transparencia, la eficacia y la eficiencia de la administración estatal en su conjunto”.
La reforma al sistema pensionario estatal se realizó durante la administración de Miguel Alonso Reyes. En aquella ocasión mencioné al respecto que “En la iniciativa que envío el Ejecutivo estatal se propone un incremento gradual de las aportaciones gubernamentales hasta llegar al 24 por ciento en 2020. En la actualidad aporta el 12 por ciento. El próximo año la aportación aumentará 1.68 para ubicarse en 13.68%”.
Y agregué: “También contempla un aumento gradual en las aportaciones de los municipios y de otros organismos e instituciones, que iría del 6 al 14 por ciento para 2020”.
Por supuesto que la mencionada Ley contemplaba un incremento a las cuotas de los trabajadores burócratas y del magisterio estatal, que en aquel momento estaban en 6% y proyectaba un 12 por ciento para el año 2020.
Como puede observarse se hizo la reforma a la Ley Issstezac pero el instituto no cambió. No realizó su reingeniería interna, no modificó los altos sueldos de los funcionarios; sus directivos no tuvieron una visión moderna, eficiente y productiva de sus finanzas y activos, al contrario, mantuvo sus viejas práctica opacas, ineficientes y de control político.
En sesión ordinaria del 15 de octubre del 2015 la entonces diputada panista, Guadalupe Medina Padilla presentó una iniciativa de punto de acuerdo para la comparecencia ante el congreso del entonces director del instituto, Víctor Rentería López, en el que argumentó lo siguiente:
“Derivado del mal uso de bienes y servicios, de malas administraciones, así como de malas decisiones de los diferentes titulares del poder Ejecutivo al designar personal no capacitado ni apto para la dirección del instituto, aunado a los compadrazgos, altos sueldos y nepotismo, lo cual ha dejado un déficit financiero al Issstezac”.
Al respecto la entonces legisladora panista precisó que ante ese panorama “se requieren tomar medidas concretas para que no se pierdan cada año un millón 500 mil pesos en las propiedades que ya no son rentables”.
Hoy día el Issstezac ha vendido terrenos e inmuebles por cantidades millonarias que han sido insuficientes, para lograr la liquidez necesaria y garantizar el pago oportuno de las pensiones y jubilaciones.
Ante la recurrente crisis financiera que ya tocó fondo el director del Issstezac actual, Francisco Martínez Muñoz, informó a los diputados durante su comparecencia en noviembre de 2018, que en los últimos ocho años el gasto en pensiones aumentó 540% y que el porcentaje de pensionados actuales se duplicará al término de la actual administración, lo que hará cada vez más insolvente al instituto.
El presente escenario nos plantea que si no se hace una cirugía mayor, un verdadero cambio radical en la administración del sistema pensionario estatal, profundizará una crisis que repercutirá en la estabilidad política estatal y hará naufragar a la actual administración.
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