El Ingreso Vital de Emergencia no necesita consulta, es un derecho y debe legislarse ya: Patricia Mercado

“La consulta popular es un instrumento de democracia directa, y más que una vía para legitimar las decisiones es para que se expresen los puntos de vista de la población acerca de opciones viables y posibles”, sostuvo la senadora Patricia Mercado durante la discusión del dictamen que contiene punto de acuerdo por el que se determina improcedente la petición de consulta popular en materia de otorgamiento de apoyo económico, presentada por legisladoras y legisladores.

“Estamos a favor del sentido de este dictamen por una razón muy sencilla: no estamos de acuerdo con que un derecho se consulte, de la misma manera en la que no estuvimos de acuerdo en la que justicia se lleve a consulta. Los derechos no se consultan, porque no son las mayorías las que dan el reconocimiento de un derecho”, señaló.

En su intervención, la legisladora recordó que Arturo Herrera, titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que se necesitaría 8% del PIB, casi 2 billones de pesos anuales, por un ingreso básico universal equivalente a un salario mínimo para toda la Población Económicamente Activa. “Pero no es esa la propuesta. No es para toda la población. Lo que planteamos en Movimiento Ciudadano es un ingreso vital de emergencia, una transferencia temporal, contingente, para compensar la pérdida de ingresos para este momento”, subrayó.

Indicó que pese a la reactivación gradual de la economía, el INEGI informa que aún hay 5 millones de personas sin recuperar sus empleaos y son a quienes les urge la aprobación de un ingreso vital de emergencia. “Muchos de los empleos recuperados se están haciendo en condiciones muy precarias, son jornadas parciales. Los siete millones de empleos recuperados no son de tiempo completo; las mujeres en especial han recuperado menos porque están confinadas cuidando y dando clases a sus niños y niñas”, dijo.

La senadora Patricia Mercado expuso su desacuerdo con algunos argumentos del dictamen donde aseguran que ya hay resultados para reactivar la economía y apoyar a las personas. “Las políticas sociales son políticas decididas antes de la pandemia; los adultos mayores, las personas con discapacidad, los jóvenes construyendo el futuro no formaban parte de la masa de trabajadores que han perdido su trabajo. Estamos hablando de nuevos sectores de familias y personas que frente a la pandemia han perdido sus ingresos”, enfatizó.

Refirió datos de la CEPAL que señalan que el aumento de la subocupación horaria, es decir, la reducción de horas de trabajo en México se incrementó de un 7,8% en mayo de 2019 a un 29,9% en mayo de 2020. Asimismo, recordó que Alicia Bárcena, secretaria general de la CEPAL, declaró que la recuperación total de la economía de México tomará cinco años más, pues el combate a la pobreza tendrá un retroceso de 15 años y el de la pobreza extrema será de 30 años.

Asimismo, insistió en la necesidad de tomar acciones en el Grupo de Trabajo instalado en el Senado de la República a fin de que no sea una concesión simulada, a generar un acuerdo político para analizar los mecanismos de apoyo a las y los trabajadores que han perdido su trabajo o han visto disminuidos sus ingresos con motivo de la contingencia sanitaria e hizo una invitación a quienes puedan enriquecer el debate con sus experiencias.

“Movimiento Ciudadano está comprometido con impulsar junto con organizaciones de la sociedad civil un apoyo de emergencia a las personas trabajadoras que hoy están pasando por una grave situación por falta de empleo e ingresos. Los derechos se reconocen y se legislan y la justicia se imparte”, finalizó.