El equilibrio de los contrapesos se rompió en Zacatecas, al permitir la vulnerabilidad de un organismo autónomo que es clave para la democracia, pero en especial, para la ciudadanía que aspira a obtener la información veraz e imparcial en el uso de los recursos públicos.
El jueves pasado y después de prácticamente un mes de retraso la LXIII legislatura pudo por fin “elegir” a la nueva comisionada al IZAI (Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), pero lejos de llevar a cabo un proceso transparente e imparcial, como fue el compromiso de la Comisión de Transparencia que preside el diputado de Morena, Omar Carrera Pérez, se cometieron una serie de errores y atropellos parlamentarios y políticos, que empañaron el proceso de la selección de la nueva comisionada que estará al frente por siete años en el citado organismo.
Si bien es cierto la Comisión de Transparencia publicó en tiempo y forma la convocatoria respectiva, debió haberse elegido con puntualidad al comisionado(a) que sustituiría a Antonio de la Torre Dueñas, quien dejó el cargo el 12 de marzo pasado.
El primer error lo cometió el diputado morenista Omar Carrera Pérez al determinar que los 17 aspirantes, reunían los requisitos de elegibilidad y mandar la responsabilidad a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP).
Junto con Carrera Pérez los legisladores Luis Esparza y Perla Martínez, ni siquiera se tomaron la molestia de analizar los términos de participación de cada uno de los aspirantes que fueron entrevistados públicamente por los legisladores. Incumplieron su responsabilidad de selección.
Los mencionados diputados y la diputada no efectuaron el filtro de análisis que les competía, para hacer una selección de la participación de cada uno de los aspirantes. A todos los consideraron idóneos y le pasaron la responsabilidad al órgano de gobierno de la LXIII legislatura, quien empantanó aún más las cosas.
En el lapso de la decisión parlamentaria para designar al nuevo comisionado se empalmó el nombramiento del Auditor Superior del Estado, lo que vino a complicar todavía más las cosas en el congreso zacatecano que no supo tomar una decisión a tiempo, evidenciando la falta de oficio político camaral y la debilidad de un poder de contrapeso, que ha perdido toda credibilidad e importancia.
Pero eso no es lo peor. Decidieron elegir a la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez, notaria pública en receso, como la nueva comisionada del IZAI, decisión que pone en entredicho la autonomía e imparcialidad, factores esenciales, de este organismo que debe estar al servicio de la ciudadanía.
El único diputado que alzó la voz antes de la elección en la pasada sesión legislativa de la LXIII legislatura, fue el diputado Javier Calzada Vázquez, al argumentar que recibió la observación de ciudadanos que le demandaban pulcritud en el proceso de selección del comisionado pero sobre todo, que el nombramiento se diera apegado estrictamente a la ley.
Argumentó el legislador que en el artículo IX inciso A de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, obliga al servidor público que haya concluido su encargo, a que en ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá ventaja derivada de la función que desempeñaba para sí, o para personas cercanas que son mencionadas por la misma ley.
Señaló Calzada Vázquez que “la normatividad prevalece hasta por un año y en el caso que nos ocupa la licenciada Fabiola Gilda Torres, quien fue aprobada en el dictamen como elegible, fue una servidora pública que terminó su encargo apenas el 24 de septiembre pasado (2018), de tal manera que resulta inelegible de acuerdo a este fundamento”.
El diputado especificó que la interpretación gramatical de tal prohibición debe ser amplia, porque no se refiere solo a la posibilidad de que el servidor público se contrate en empresas privadas con las que tuvo relación con motivo de su encargo público, sino en un sentido estricto, que no aproveche influencias para obtener ventajas de ninguna especie.
En ese contexto le dijo a sus homólogos zacatecanos que “la resolución tomada, aprobando el dictamen donde se declara elegible, daña el Estado de Derecho, tuerce la interpretación de la ley para beneficiar a una persona, y de una manera dolorosa, se elimina un espacio público que está destinado a ser utilizado por la ciudadanía libre y sin compromisos políticos”.
Reflexionó que “la ciudadanización de los espacios públicos, particularmente el de rendición de cuentas, como un elemento indispensable para el combate activo contra la corrupción, no puede caer en el vicio de la simulación política, en la interpretación mañosa de las normas, ni en el contubernio irresponsable para quedar bien con facción o grupo de interés político o económico”.
Y advirtió antes de que los legisladores votaran en el pleno: de ser electa Fabiola Gilda la ciudadanía pierde. El IZAI pierde. Se pone en tela de juicio y con elementos perfectamente justificados la seriedad e imparcialidad de ese instituto, el que debiera ser un garante de transparencia y la intención de ciudadanizar el servicio público tendría un retroceso de muchos años.
Y remató:
Y perdemos nosotros, porque puede más la urgencia de quedar bien que la obligación de cumplir la Ley y asumir, que el mensaje que estamos enviando a la ciudadanía, no es correcto ni ética, ni políticamente.
Las palabras del legislador cayeron en tierra estéril, en tierra de nadie. En un poder republicano que perdió en esta LXIII legislatura su esencia, su importancia, su rumbo y sobre todo, su real independencia y credibilidad.
Fabiola Gilda Torres Rodríguez, quien fuera secretaria general de Gobierno hasta el mes de septiembre de 2018 del gobernador Alejandro Tello Cristerna, rindió protesta como nueva comisionada del IZAI.
Todos pierden.
Al tiempo.
@juangomezac
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