Diputados aprobaron la creación del Banco de ADN para uso forense de la Ciudad de México

Será un instrumento del gobierno local en el combate a delincuencia, principalmente las agresiones de carácter sexual en contra de las mujeres

El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el pasado 15 de diciembre, por unanimidad, 59 votos a favor, la creación del Banco de ADN para uso forense de la Ciudad de México, la adición de una Ley de Centros de Reclusión y la reforma al artículo del Sistema de Seguridad Ciudadana en materia de registro de identificación biométrica. 

Esta creación es uno de los instrumentos más eficientes que tendrá el Gobierno de la Ciudad en el combate a delincuencia, principalmente para atender aquellas agresiones de carácter sexual que se cometen en contra de las mujeres.

El Banco de Perfiles Genéticos almacenará la información asociada a una muestra o evidencia biológica que hubiera sido obtenida bajo indicios, huellas o vestigios encontrados en el lugar de los hechos, que pudiera constituir alguno de los delitos previsto en la ley.

Para la obtención de muestras se respetará el principio de la dignidad humana y con apego a los protocolos de actuación y métodos no lesivos.

Las muestras biológicas podrán proceder de todo tipo de material biológico y deberán tener el número de marcadores, de acuerdo con estándares y prácticas internacionales.

Habrá dos tipos de procedimientos para la obtención de la muestra: la aportación voluntaria de cada una de las personas, señaladas en el artículo 5 de la ley; la de procedimientos de carácter penal.

En este último caso, el Ministerio Público podrá solicitar la intervención del Juez para que otorgue la autorización o dé la orden para la obtención de una muestra mediante control judicial, es decir, el Ministerio Público podrá solicitar mediante control judicial la toma de las muestras, respetando en todo momento el principio de la dignidad humana.

El artículo 5 de la ley indica que las personas que podrán aportar serán aquellas procesadas y quienes de manera voluntaria las briden, por ejemplo, las víctimas, personas servidoras públicas que forman parte de las instituciones de Seguridad Ciudadana, integrantes del Gabinete de Seguridad y de Procuración de Justicia.

Un aspecto importante es que se garantiza la protección de los datos personales que se encuentren en disposición de las autoridades que manejen el Banco de ADN.

En la argumentación del dictamen, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, diputado Eduardo Santillán Pérez, aseguró que con esta disposición se da cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por la Jefatura de Gobierno en materia de alerta de género.

“Esto nos permitirá establecer que la ciudad se encuentra a la vanguardia a nivel nacional y en Latinoamérica, con pocas las ciudades que han avanzado. El propósito de este dictamen es aplicar modernas técnicas y tecnologías para la investigación de delitos, respetando los derechos humanos y garantizando los datos personales”.

Estamos convencidos de que, con este marco normativo, el gobierno local tendrá un poderoso instrumento en la lucha contra la delincuencia y para erradicar la violencia contra las mujeres, a partir de este mecanismo será posible la persecución de diversos delitos como el feminicidio, la violación, el secuestro con fines sexuales y otros delitos sexuales”.

La diputada Gabriela Quiroga Anguiano (PRD) sugirió que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México realice el acompañamiento a las víctimas cuando éstas sean mujeres, niñas o mujeres transexuales.

Por su parte, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga (MORENA) propuso algunas modificaciones a la redacción de los artículos 2 y 3, que aceptaron los legisladores integrantes de las comisiones.

Con la aprobación de este dictamen también se establece que se inscribirán los datos de las personas que tengan sentencia condenatoria; sin embargo, los datos de las personas que sean absueltas se eliminarán; se capacitará a los funcionarios encargados de recabar material genético.

La información del Banco de datos no podrá ser utilizada en juicios familiares y/o civiles. Se permite la posibilidad de tener una coordinación interinstitucional e invitar a otras instituciones, además de suscribir convenios con la academia.

En la sesión ordinaria de pleno, y dada la importancia de esta ley, y ya que no todas las diputadas y diputados conocían su contenido, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, del grupo parlamentario del PRD, solicitó se diera lectura al dictamen.

Al razonar su voto, la diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) reconoció que esta ley forma parte de las acciones impulsadas para la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y niñas en la Ciudad de México, particularmente los feminicidios, a través de la coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Aseguró que la creación de este Banco de Datos facilitará la identificación y ubicación de las personas reincidentes en delitos como lesiones, privación de la libertad con fines sexuales, incesto, secuestro, violación, estupro y feminicidio.

La diputada América Rangel Lorenzana (PAN) aseguró que la violencia contra las mujeres capitalinas va en aumento, “lejos de lograr la erradicación de la violencia, cada día es más peligroso vivir en México para nosotras las mujeres”.

Indicó que la aprobación del dictamen refuerza la implementación de políticas públicas para erradicar la violencia de género, contribuye a garantizar la seguridad y los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, y transmite un mensaje de cero tolerancia a la violencia de género.

La diputada Leonor Gómez Otegui (PT) expuso que este dictamen contribuirá a detener la creciente ola de delitos en contra de las mujeres, abona en la construcción de acciones para brindar justicia a las víctimas y permite “poner un alto a la impunidad”.

Lamentó diversos casos concretos de abusos sexuales recientes, e informó que en la capital anualmente se presentan más de mil denuncias por agresiones sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, por lo que insistió en la creación de un registro de agresores contra menores, que permita verificar los antecedentes de las personas dedicadas a profesiones y actividades en las que tratan con menores y evitar su contratación.