Demandan reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores

Si el Senado aprueba la propuesta de dictamen en materia de justicia laboral, desaparecerían las huelgas porque no hay forma de que se cumplan con los requisitos que plantea la iniciativa, señaló el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Al inaugurar el foro “Reforma Laboral para todos. Última llamada”, dijo que la contratación colectiva se reduciría sólo a las grandes y medianas empresas, y tampoco se podría incrementar el porcentaje de trabajadores sindicalizados.

Abundó en que su Grupo Parlamentario (PT) está en contra de la propuesta de dictamen que la Comisión de Trabajo y Previsión Social circuló antes del receso de actividades de hace unas semanas; y refirió que el documento no fue elaborado por los senadores, sino por un despacho ajeno.

Los especialistas que participaron en el foro propusieron realizar una reforma constitucional integral que garantice libertad sindical y la negociación colectiva a todos los trabajadores, y que la reforma secundaria parta de una perspectiva de los derechos humanos laborales.

Además, garantizar que el encargado de la justicia laboral sea un organismo descentralizado autónomo; y replantear las funciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque actualmente es débil, y de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo.

Durante el panel “Reforma laboral secundaria, ¿retroceso para México?”, Rodolfo Rubén Islas, secretario técnico de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, dijo que la propuesta del PRI está incompleta porque no reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para pasar de la etapa arbitral a una jurisdiccional del derecho del trabajo.

Comentó que el instituto encargado de la justicia laboral debe estar integrado por profesionales, y su órgano de gobierno no debe ser tripartita; y tampoco puede llevar a cabo los procesos de conciliación en materia colectiva, que corresponde a los tribunales laborales.

En cuanto a los tribunales, deben ser encabezados por magistrados especializados en materia laboral; con la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas queda “coja” la reforma laboral, dijo; “están centrando el tema en el instituto, porque lo quieren tripartita, y no les importa lo que pase el Poder Judicial de la Federación”.

La secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García Medina, advirtió que la iniciativa presentada por los senadores del PRI, resulta contraria a la reforma constitucional, ya que no garantiza la defensa de los derechos de los trabajadores.

Dijo que para crear una ley reglamentaria que vele por los derechos de los trabajadores, es necesario convocar a todos los sectores y actores involucrados, para llevar a cabo un análisis y discusión abierta, que permita impulsar la transformación del modelo económico y político, para mejorar las condiciones laborales en el país.

El magistrado de Circuito, Héctor Arturo Mercado López, aseguró que el sistema de justicia laboral en el país es una “vergüenza”, debido al abandono en el que se encuentra, ya que el Estado no provee del presupuesto suficiente, tampoco capacita al personal y no implementa mecanismos de control que detenga el tráfico de influencias.

Pedimos que no se vote a favor de esta propuesta, y es importante que se discuta a fondo, a fin de defender los principios laborales y la dignidad en el trabajo, dijo; “ya que eso significa resguardar la dignidad en mi persona y en mi familia”.

El abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani indicó que es fundamental retomar las propuestas de todos los sectores y actores para transitar a un modelo laboral que sea congruente con la Constitución, cuente con un órgano autónomo, respete al Poder Judicial y garantice el voto secreto dentro de los sindicatos.

En el foro también se realizó el panel “Reforma laboral secundaria, ¿qué conviene a México?, con la participación de Alfredo Sánchez Castañeda, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el abogado laborista Rodrigo Olvera Briseño; Héctor Barba García, en representación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y la Unión Nacional de Trabajadores, y Margarita Rojas Olvera, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.