Con el objetivo de combatir la discriminación, el diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas presentó una iniciativa para aumentar hasta en dos terceras partes la pena establecida por el delito de homicidio, a quien prive de la vida a una persona indígena por razones de odio o discriminación.
El legislador de Movimiento Ciudadano consideró necesario hacer conciencia de que todos los seres humanos somos iguales y tenemos los mismos derechos. “Todos deben de tener las mismas oportunidades de trabajo, políticas, sociales, culturales y oportunidades de expresar sus ideales”, apuntó.
Señaló que en México uno de los grupos más vulnerables y discriminados son los indígenas. Lamentablemente, reconoció, enfrentan muchos desafíos y sus derechos humanos son violados con frecuencia.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS), del 2017, el 75.6 por ciento de las 39 mil 101 personas entrevistadas consideran que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente, cinco de cada diez estiman que los derechos de esa población son poco o nada respetados.
Así mismo el 40.3 por ciento de las personas indígenas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación, como rechazo o exclusión de actividades sociales, recibir insultos, burlas, amenazas, golpes o ser obligados a salir de una comunidad.
En 1982, informa, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas consagró las necesidades y anhelos de estas poblaciones en un proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la cual se convirtió en un instrumento para promover y proteger sus derechos y combatir la discriminación contra ellos.
A pesar de esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas continúa y no se ha logrado consolidar la tutela efectiva de sus derechos en el sistema de prácticas sociales, jurídicas y políticas en el país.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 308 bis al Código Penal Federal, fue turnada directamente a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
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