Con el fin de garantizar eficiencia y transparencia en la implementación del nuevo régimen de Responsabilidad Administrativa y Penal en la Ciudad de México, instituciones que integrarán el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción local acordaron trabajar acciones como conferencias, un foro, talleres y cursos de capacitación para las personas servidoras públicas de la administración, el poder judicial y algunos órganos autónomos.
El gobierno local, a través de la secretaría de la Contraloría General y la Procuraduría General de Justicia, así como la Auditoría Superior, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura, todos de la Ciudad de México, brindarán capacitación especializada a las y los servidores públicos encargados de observar y aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX y el Código Penal, referentes al nuevo régimen anticorrupción.
Además, especial énfasis tendrá la homologación de criterios para la debida aplicación de dichos ordenamientos legales, lo mismo para quienes tienen carácter de autoridades competentes en la investigación, substanciación e imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas, así como a quienes conocen y sancionan los delitos relacionados con hechos de corrupción contra el servicio público.
A su vez, entre mayo y junio próximo, la secretaría de la Contraloría General dará capacitación obligatoria en línea al conjunto de servidores públicos de la administración capitalina para que conozcan las faltas y sanciones que deriven de conductas irregulares en el desarrollo de sus funciones.
El titular de la dependencia, Eduardo Rovelo Pico, llamó a “mantener el trabajo conjunto y redoblar esfuerzos para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, tras destacar que las acciones hoy anunciadas contribuirán a garantizar el derecho a la buena administración consagrada en la Constitución Política de la CDMX.
En tanto, el secretario de Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, dijo que en la urbe se ha transitado de la figura de administración pública a una que imparte gobernabilidad, que significa presencia de gobierno en la sociedad; es decir, un esquema de gobernanza efectiva en la que las instituciones se ciudadanizan.“Tenemos cada vez mayor contacto con quienes servimos; pero, sobre todo, adquirimos esa sensibilidad como servidores públicos, de ver qué es lo que la gente espera de nosotros y cumplir”.
En el evento, celebrado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Álvaro Augusto Pérez Juárez, subrayó que el Poder Judicial capitalino tiene un compromiso permanente contra la corrupción e impunidad, pues corren en detrimento de la credibilidad de las instituciones, por lo que se pronunció por acciones que prevengan y sancionen estas conductas eficazmente.
El 1 de septiembre de 2017 se publicaron la Ley de Responsabilidades Administrativas de la CDMX y el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Penal local en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción cometidos por servidores públicos y particulares.
El nuevo régimen de responsabilidades administrativas de la ciudad contempla las figuras de faltas administrativa no graves y graves, entre éstas últimas el cohecho, peculado, tráfico de influencias, uso indebido de información, actuación bajo conflicto de interés, así como contratación indebida, que ameritan todas ellas desde suspensión del empleo, inhabilitación hasta 20 años y sanción económica.
Ahora se incluye a particulares, sean personas físicas o morales, sujetas a sanción por soborno, tráfico de influencias, colusión, entre otras, faltas por las que se imponen sanción económica, indemnización por daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública inhabilitación y disolución.
La magistrada presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Yasmín Esquivel Mossa, subrayó que el régimen de Responsabilidades Administrativas será piedra angular en el inicio del Sistema local Anticorrupción, por lo cual solicitó ponerlo en marcha pues “ya no hay tiempo que perder, la sociedad exige que se tomen acciones firmes y tajantes para combatir el flagelo de la corrupción”.
David Manuel Vega Vera, por su parte, destacó que en el Sistema Anticorrupción la Auditoría Superior que encabeza tiene como misión la “autonomía técnica, la transparencia, prevención y sanción de conductas indebidas en el manejo del gasto, así como integridad en el trabajo diario de los servidores públicos y el impulso al Servicio Profesional Civil de Carrera”.
Las unidades administrativas que participarán en el Sistema Anticorrupción en la CDMX lograrán con el esfuerzo conjunto evitar la dispersión y dotar de herramientas jurídicas a los servidores públicos operadores del nuevo régimen de responsabilidad.
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