Debaten en el Senado sobre participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública
Durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, integrantes de los diferentes Grupos Parlamentarios, representados en el Senado, debatieron en torno a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
La funcionaria federal dio cuenta de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el Pleno del Senado, con motivo del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo federal.
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que, sin el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, el crimen organizado “estaría desbordado”, pues son elementos del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional quienes hacen frente a los comandos de la delincuencia.
Recordó que el problema de la inseguridad tiene décadas en México, que esta administración sólo tiene cuatro años en el ejercicio de la administración pública y que, durante 27 años, el Ejército participó en labores de seguridad pública de manera ilegal e inconstitucional.
Ricardo Monreal señaló que quienes insultan y culpan al Ejército de la aprobación de las últimas reformas en materias de seguridad a cambio de dinero, sólo quieren ganar el debate por fanatismo y con mentiras, pues este proyecto se avaló por mayoría calificada.
Fortalecer la estrategia de seguridad del @GobiernoMX requiere de un diálogo permanente entre los Poderes de la Unión. Para dialogar al respecto, esta tarde comparece ante el @senadomexicano la titular de la @SSPCMexico, acompañada por los de @SEDENAmx, @SEMAR_mx y @GN_MEXICO_. pic.twitter.com/QfhHPXPkbq
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 19, 2022
El legislador reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, que con toda razón exigieron que sus soldados contaran con una base constitucional para desarrollar estas actividades; “ellos no querían actuar en actividades civiles, pero fueron obligados por los gobiernos del pasado sin legalidad y constitucionalidad”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, reconoció los resultados en materia de seguridad, una tarea que no ha sido fácil, por lo que el pueblo mexicano les reconoce su trabajo.
Por su parte, la senadora Lilly Téllez, del PAN, dijo que, por acción u omisión, el Gabinete de Seguridad es responsable de la explosión de la violencia de este sexenio; además de que sus integrantes no pueden explicar los más de 130 mil muertos que se han registrado en esta administración.
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, consideró que el problema no las Fuerzas Armadas, sino la falta de estrategia de seguridad del gobierno y estos terminará por lastimar profundamente a los elementos del Ejército y la Marina.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia de seguridad implementada por este gobierno ha fracasado y no hay evidencia de que la presencia de las Fuerzas Armadas reduzca la inseguridad y la crisis de violencia en la que vive México.
#Hoy asistí al pleno del @senadomexicano a presentar los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, en un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, como parte de la #Glosa del #CuartoInformeDeGobierno del #PresidenteDeMéxico, @lopezobrador_. pic.twitter.com/Rjh7C0sf2r
— Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 19, 2022
La senadora María Graciela Gaytán Díaz, del PVEM, aseguró que, con la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública “hemos sido testigos de la respuesta del gobierno de México a la demanda más sentida de la población, que es vivir en paz y con tranquilidad. También consideramos que el Gabinete de Seguridad ha cumplido una labor enorme para subsanar y proteger la seguridad pública de las y los mexicanos”.
Del PT, el senador Alejandro González Yáñez señaló que se acusa al Gobierno federal de que la política de “abrazos no balazos” no funciona, pero es claro que los primeros responsables de atender la inseguridad son los gobiernos locales, que no previenen los ilícitos del fuero común, ni los castigan debidamente, tampoco refuerzan los patrullajes en las zonas conflictivas, ni contienen el embate de las organizaciones delictivas.
La senadora Renata Romo Molina, de Encuentro Social, reconoció las acciones implementadas en el marco de la Estrategia de Seguridad Pública, así como los avances en la construcción de la paz. Comentó que la pacificación del país va de la mano de la justicia social, la cual está en proceso.
Miguel Ángel Mancera Espinoza, legislador del PRD, afirmó que los problemas de seguridad se resuelven con planeación, operación y trabajo diario, por lo que se deben precisar las acciones y los resultados que se esperan, a partir de que se reciba el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; así como la forma en que se consolidará a la Guardia Nacional.
El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, consideró que exigir rendición de cuentas no es una falta de respeto hacia las Fuerzas Armadas, pues está en juego nuestra democracia, por el peligroso y acelerado proceso de militarización.
En sus respuestas, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, rechazó que en nuestro se lleve a cabo un proceso de militarización, pues este concepto implica que los militares gobiernen, pero en el caso de México hay un gobierno civil.
Subrayó que la militarización, como se concibe a nivel internacional, pasa por socializar y normalizar el pensamiento bélico, por promover el uso justificado de la violencia del Estado y criminalizar desde un pensamiento de guerra. “Por eso decimos que en nuestro país no hay tal militarización”.
Dijo que tal vez exista una confusión, porque la Guardia Nacional nació con 80 por ciento de sus elementos de formación militar, de la policía militar, naval y federal, pero desde su creación se concibió como un instrumento para la construcción de la paz y la seguridad ciudadana.
Este proyecto, acotó, está construido para la paz, no para la guerra, y tampoco se busca someter a población civil con violencia, ni con la fuerza militar.
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