Zacatecas ocupa el cuarto lugar en corrupción en México al incrementarse en 63.1 por ciento la tasa de víctimas de actos oficiales de esta naturaleza, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que lamentablemente nos ubica en el contexto de un fenómeno social que prácticamente es vida cotidiana en el estado.
El sábado pasado el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, compartió con los asistentes al foro temático sobre Educación Superior y Universidades, convocado por el Grupo Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación” en el que participa el Partido del Trabajo y llevado a cabo en el foyer del Teatro Calderón, en donde destacó que “algo nos está pegando muchísimo en las diferentes instancias donde llevamos a cabo la negociación, es el tema de la corrupción y de la “estafa maestra”.
El rector Guzmán Fernández manifestó su preocupación por deslindar a la UAZ porque, argumenta, “no es la institución, son actores que participaron en este tipo de convenios y si ya tiene todos los elementos la Auditoría Superior de la Federación (ASE) que proceda, porque también es una estrategia perversa estar desgastando a las instituciones públicas por algo que cometieron actores de la Universidad”.
Tal parece que la impunidad y el tráfico de influencia son los factores que permiten no solo que surjan este tipo de fenómenos en la vida pública y privada, sino que crezcan y aniden en una especie de subcultura social que va en detrimento del desarrollo del país y que además, fomenta la perversión en las relaciones empresariales e institucionales.
¿Por qué no actúa la federación en contra de los actores que protagonizaron la llamada Estafa Maestra” en distintas universidades de México?
Para muchos es inexplicable que existiendo los elementos comprobatorios de la corrupción las autoridades se detengan a aplicar la Ley, sobre todo cuando los actores afectados se lo exigen.
La corrupción merodea en los ayuntamientos zacatecanos y prueba de ello es que 21 municipios no entregaron su correspondiente cuenta pública del año 2017, como mandata la Ley, al congreso del estado, por lo que se interpusieron demandas penales en contra de los ex alcaldes.
Seis de estos ayuntamientos solicitaron una prórroga para subsanar la omisión en la que habían incurrido, pero lo hicieron de forma extemporánea, por lo que fue rechazada la petición por la 62 legislatura estatal.
No obstante y pretendiendo burlar la Ley y engañar a los electores, ocho alcaldes buscaron la reelección con la clara intención de evitar ser investigados y manipular la información financiera para negociar la impunidad a través de sus respectivos partidos políticos.
De todos ellos solo uno ha sido aprehendido, el ex alcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa Trejo y su ex tesorero, en tanto que el ex presidente municipal del Trinidad García de la Cadena huyó y no se ha podido cumplimentar la orden de presentación en su contra, aunque su tesorero si está detenido, por haber cometido delitos en contra de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al no presentar ante el congreso la cuenta pública 2014.
De las denuncias presentadas desde hace varios meses ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, solo se conocen estos dos casos de sendas presidencias municipales, pero aún queda una veintena que se ignora su situación jurídica.
La corrupción en Zacatecas siempre encuentra la “disculpa” jurídica a veces encubierta por la ausencia de denuncia, pero también oculta en el discurso político que lleva el tapiz de la “transparencia” y la “rendición de cuentas” pero que en los hechos, es inexistente y contradictorio.
En el congreso del estado se evidenciaron facturas apócrifas por cantidades millonarias que usaron diputados de la pasada legislatura, pero no se ha sancionado y menos aún clarificado.
Durante el período legislativo pasado la 62 legislatura aprobó la desaparición de las llamadas “herramientas legislativas” que significaban poco más de 200 mil pesos adicionales para cada diputado y que constituían un factor “legal” de enriquecimiento de los legisladores.
Pero a pesar de lo anterior la actual legislatura pretende quedarse con el remanente presupuestal de las citadas “herramientas”, motivo por el cual ha caído en una serie de contradicciones y opacidad en el manejo del tema ante la opinión pública.
En poco más de dos meses los legisladores zacatecanos intentan embolsarse algo así como 604 mil pesos antes de fin de año, aunque algunos, ya renunciaron a ese recurso y otros lo han evidenciado públicamente.
En estos ejemplos de corrupción en Zacatecas la joya de la corona es sin duda el Centro Cultural “Toma de Zacatecas” construido por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes y que, junto con el teatro al aire libre, puentes peatonales por los que no pasa ni el aire y un velódromo, constituyen el ejemplo de la impunidad gubernamental.
En el caso de los presuntos actos ilícitos cometidos durante la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes existen denuncias interpuestas ante las instancias jurídicas en Zacatecas y en la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, pero nadie se ha atrevido a inquietar al todavía director del Fomento Nacional al Turismo (Fonatur).
Con estos casos y las calificadas “glorietas de la muerte” y otras obras de infraestructura plagadas de irregularidades ¿Por qué las autoridades estatales o federales no actúan y deslindan responsabilidades penales?
La corrupción en Zacatecas es una realidad creciente pero tal parece que nadie quiere asumir su responsabilidad, ni autoridades federales y menos aún las estatales.
¿Estrategia perversa o complicidad de la autoridad en materia de corrupción institucional?
Al tiempo.
@juangomezac
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