Con el fin reducir el riesgo de actos de corrupción en el manejo de los recursos provenientes de la minería, el senador Gonzalo Yáñez propone reformar el artículo 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos para crear Consejos Municipales Ciudadanos los cuales estarán encargados de asignar los dineros, así como aplicarlos para reducir el riesgo de la comisión de actos de corrupción.
En el documento que fue inscrito en la Gaceta del Senado, el senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo explica que una de las causas para el debilitamiento del Fondo Minero fue la corrupción y el desvío de recursos provenientes de la extracción minera.
“En 2017 las mineras instaladas en Sonora ingresaron a sus arcas más de 120 mil millones de pesos; sin embargo, sólo se pueden observar obras completamente abandonadas o inexistentes”, ejemplifica.
De acuerdo con el Centro de Análisis e Investigación de la organización de la sociedad civil FUNDAR, las cuentas reportadas, entre 2014 y 2017 por el gobierno del estado de Sonora, no eran claras, pues se puede observar un diferencial de mil 100 millones de pesos entre la suma de los montos de los Proyectos de Inversión en Infraestructura Física y aquellas obras terminadas por el gobierno estatal y los gobiernos municipales.
“Tan sólo en Cananea el expresidente municipal Fernando Herrera Moreno desvió hasta 135 millones de pesos del Fondo Minero. Situación que se replica en diversos municipios mineros, en donde las personas funcionarias públicas optan por cometer actos de corrupción para enriquecerse ilícitamente, contrario a su mandato legal, el cual consiste en utilizar los recursos para el beneficio del pueblo”, apunta.
En este sentido, Gonzalo Yáñez asegura que su propuesta busca acabar con la opacidad en el manejo del dinero y garantizar la correcta aplicación de recursos para el mejoramiento de las comunidades en materia de educación, movilidad y espacio urbano.
Con la creación de los Consejos Municipales Ciudadanos se reduce el riesgo de la comisión de actos de corrupción, ya que estos estarán integrados por directivos de los centros escolares, coordinadores de la Asociación de Madres y Padres de Familia, dirigentes de las cámaras empresariales, y directivos de los centros de salud.
Además, las decisiones deberán ser tomadas por la mayoría y los recursos podrán destinarse en materia de salud, educación, movilidad y espacio urbano. “Es decir, para obras y equipamiento de los centros escolares y de salud; así como para la construcción de caminos, calles y carreteras”.
La iniciativa establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de emitir los Lineamientos para el funcionamiento de los Consejos Municipales Ciudadanos y de los Sistemas Locales Ciudadanos, con opinión favorable de la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Bienestar.
Asimismo, para la distribución de los recursos entre los municipios mineros del país deberá tomarse en cuenta la extracción minera en el municipio relativa al total nacional, así como el nivel de marginación y el impacto que haya generado la actividad minera en el municipio.
Gonzalo Yáñez reafirma su compromiso con la lucha por el desarrollo de las comunidades y municipios mineros, los cuales han sido víctimas del saqueo y el despojo desde la época virreinal.
En este sentido, dijo, es necesario construir un modelo minero que ponga a las personas en el centro. Sostiene que la minería es fundamental para la producción y el avance tecnológico; sin embargo, las autoridades deben cumplir con su obligación de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de todas las personas,
“Por medio de la creación de los Consejos Municipales Ciudadanos, se empodera al pueblo, ya que se recupera el control sobre los recursos públicos. En otras palabras, “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”, concluye.
La iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y posterior dictaminación.
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